La campaña de recolección de la aceituna está llegando a su fin en la provincia de Ciudad Real, unas labores que se ven interrumpidas por la presencia en campo de inspectores de trabajo junto a la Guardia Civil.
La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real defiende que se realicen inspecciones de trabajo para evitar cualquier irregularidad, pero denuncia las formas en las que la Inspección de Trabajo las está realizando.
Según expresan los agricultores, a través de esta organización provincial agraria, se sienten “intimidados” con el modo de proceder de la Inspección, al desarrollarse con un número desproporcionado de agentes del orden público; algo que según recuerda la organización agraria no ocurre en otros sectores.
El despliegue que hay en cada inspección de trabajo en el campo es tal que es percibido por el agricultor como un ataque a su trabajo y al sector primario.
Por eso, los olivareros trasladan la creciente persecución del sector, denunciando que se sienten desatendidos, tratados como delincuentes y constantemente bajo la lupa de la Administración.
ASAJA Ciudad Real considera que esta forma de proceder de la Inspección solo se podría justificar si se tuvieran indicios de peso para desmantelar alguna organización ilícita que explote a los trabajadores, no en controles rutinarios para saber si se cumple la normativa vigente.
Asimismo, la organización agraria recuerda que existen fórmulas más efectivas para combatir las posibles ilegalidades, basadas en controles preventivos a través de procedimientos administrativos.
Mano de obra
En un contexto en el que encontrar mano de obra para el campo se convierte en misión imposible y en el que los incrementos de los costes salariales resultan de todo punto inasumibles, el Ministerio de Trabajo y Economía Social demuestra que “no tiene ninguna sensibilidad con un sector estratégico para nuestra región a nivel social, demográfico y económico”.
ASAJA Ciudad Real asegura que es urgente poner en marcha políticas efectivas para solucionar el problema de la necesidad de mano de obra en el sector; de tal manera que el Gobierno permita trabajar a aquellas personas a las que ha autorizado a entrar y permanecer en nuestro país y sin embargo les niega poder firmar un contrato de trabajo por su situación irregular.
A juicio de la organización agraria, es algo “totalmente incongruente”, que además está generando un grave problema para la sociedad en general y para los empleadores en particular, mientras persigue y sanciona a éstos últimos haciéndoles responsables de sus fallidas políticas migratorias.
