Días atrás, la autovía A-5 se ha visto envuelta en varios graves incendios, con origen en la misma o en carreteras aledañas. El Gobierno de Castilla-La Mancha muestra su sorpresa y preocupación ante esta circunstancia.
A los agricultores no nos sorprende en absoluto; era más que previsible, al menos desde la perspectiva normativa y legal. Eran días de riesgo extremo de propagación de incendios, en los cuales toda maquinaria agrícola tiene terminantemente prohibido trabajar, mientras veíamos cómo por autovías, carreteras o caminos circulaban todo tipo de vehículos, se practicaban actividades de ocio en el campo o se realizaban pruebas deportivas. Desde una visión lógica, si el campesino tiene prohibida toda actividad, deberían cesar las del resto de ciudadanos.
Se nos ha tomado a nosotros, el sector agropecuario, como emblema de la lucha contra incendios, haciendo ver que prohibirnos realizar nuestras tareas es muestra de la enorme preocupación por el medio ambiente y la lucha contra el fuego de las administraciones públicas. Nada más falso ni alejado de la realidad. Las estadísticas muestran que la superficie quemada por causas agrícolas es mínima, y la realidad demuestra que las gentes del campo son las primeras en acudir a perimetrar, sofocar y extinguir el fuego.
También hemos sido testigos de que, cuando peligran áreas urbanizadas, todos los esfuerzos y recursos se vuelcan en salvarlas. Algo totalmente lógico y natural: primero, salvar vidas y viviendas. Esta forma de actuar solo tiene un pero: GEACAM, la empresa que en Castilla-La Mancha se dedica a la extinción de incendios, no se financia del presupuesto general de la Junta, sino de dinero del Programa de Desarrollo Rural, caudales europeos destinados al sector agropecuario.
Hasta ahora, aun siendo todo muy raro, podríamos darlo por bueno. Ya no tanto cuando los bomberos urbanos (Diputaciones, por ejemplo) se han negado a colaborar en la extinción del incendio, aun estando presentes, por restricciones de su protocolo. Vamos, que los del campo somos buenos para ayudar y poner dinero, pero no para recibir ayuda.
Como consecuencia de lo anterior, Unión de Castilla-La Mancha pide:
Que las limitaciones derivadas de los índices de propagación de incendios se apliquen a todos los sectores por igual. Si a unos se les prohíbe trabajar, que se prohíba toda actividad desarrollada fuera del casco urbano. Potencialmente, todos pueden provocar incendios, pero, como ya vimos más arriba, la agricultura es la que menos, a pesar de ocupar todo el territorio rural y de que su actividad se desarrolla exclusivamente en él.
Que se deje de meter mano al cajón. GEACAM debe financiarse con los presupuestos generales, no con los del sector agrario. Si realiza un servicio en beneficio de todos, todos debemos pagarlo, no solo unos pocos. Nadie en sus cabales pretendería que los agricultores pagaran de su bolsillo la sanidad o la educación para toda la población.
Un cambio en el protocolo de los bomberos urbanos. Si un coche ya está calcinado, mejor ponerse a apagar el pasto y evitar que el foco se extienda. Hay que atender lo perentorio y dejar lo insalvable.
Unión de agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha
