Ante el anuncio de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von Der Leyen, sobre un futuro recorte en la Política Agraria Común (PAC) para destinar más dinero a defensa, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha reaccionado de manera fulgurante. En palabras del vicepresidente José Luis Martínez Guijarro: “un recorte brutal”.
El Ejecutivo regional se ha puesto en contacto con el Ministerio de Agricultura para abordar este posible recorte.
La Comisión Europea pretende reducir en un 20 % el dinero destinado a la PAC. Pretende, además, la desaparición del segundo pilar de la PAC: los conocidos Programas de Desarrollo Rural (PDR), que, para quien no lo sepa, financian medidas como la incorporación de jóvenes al sector agropecuario, la agricultura ecológica, los planes de mejora, la apicultura, la conservación de razas autóctonas… y, en el caso de Castilla-La Mancha, también a GEACAM.
La honda preocupación del Gobierno regional se explica fácilmente: si desaparece este segundo pilar, desaparecen con él todas las medidas del PDR y, con ellas, la financiación de la empresa GEACAM, dedicada a la extinción de incendios.
Unión de Castilla-La Mancha siempre ha defendido que esta empresa dejase de serlo, y que su personal —con derechos que creemos consolidados— pasase a ser personal laboral o funcionarial de la administración pública.
Durante años, la medida estrella dentro del PDR ha sido la partida destinada a financiar GEACAM, que recibió en el periodo anterior un montante de 500 millones de euros. Esta cantidad supone un importe igual a la suma de las tres partidas más importantes: incorporación de jóvenes, planes de mejora y agricultura ecológica.
Se entiende así la zozobra e intranquilidad del Ejecutivo: enfrentarse a la desaparición de GEACAM o asumir su mantenimiento con cargo al presupuesto general de la Junta de Comunidades.
¿Legítima preocupación? Sin duda. Aunque no sabemos si es por los agricultores y ganaderos, que perderían un importante apoyo para iniciar su actividad, modernizar y actualizar sus explotaciones, o producir con calidad diferenciada; o bien porque la Junta se vería obligada a destinar una parte sustancial de su presupuesto a la extinción de incendios.
Es por esto que, desde Unión de Castilla-La Mancha, insistimos en la necesidad de que los servicios de extinción de incendios forestales se integren en las administraciones públicas, dejando de delegarse en una empresa.
Y que el Gobierno regional luche con uñas y dientes, no ya para mantener el actual presupuesto, sino para incrementarlo en función del aumento del coste de los insumos, con el fin de mantener la viabilidad de las explotaciones de agricultores y ganaderos.
El campo no puede asumir el gasto de la política de defensa europea, ni tampoco el gasto de extinción de incendios.
Unión de Castilla-La Mancha
