ASAJA considera “inaceptable” la decisión del Gobierno de no activar las ayudas extraordinarias al olivar y al viñedo fijadas por ley, alegando la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.
La organización agraria exige el cumplimiento inmediato de la Ley 1/2025 de prevención de pérdidas y desperdicio alimentario, que establecía un fondo de 370 millones de euros —285 millones para olivar de secano y 85 millones para viñedo de secano— destinado a las explotaciones profesionales más afectadas por la sequía y el encarecimiento de los costes tras la invasión rusa de Ucrania.
La disposición adicional cuarta de la Ley 1/2025 obligaba al Ejecutivo a aprobar en un máximo de dos meses desde su aprobación una ayuda de concesión directa, integrada en el sistema de la PAC, dirigida a agricultores profesionales, explotaciones prioritarias y superficies de olivar y viñedo de secano.
Sin embargo, más de medio año después, las ayudas no han visto la luz. Y ahora en una respuesta parlamentaria conocida el lunes, el Gobierno afirma que “no es posible allegar los recursos necesarios”, admitiendo que los Presupuestos de 2023 no contemplaban esta partida y que, al estar prorrogados, no puede activarse.
Desde ASAJA subrayan que no puede dejarse sin cumplir una ley diseñada precisamente para proteger a los agricultores profesionales más vulnerables, y se advierte de que el olivar y el viñedo de secano no pueden convertirse en las víctimas colaterales de la falta de Presupuestos.
Esta decisión “injusta” agrava la situación de miles de explotaciones profesionales. ASAJA recuerda que otros sectores —arroz, frutales, frutos secos, tomate de industria, herbáceos— sí han recibido ayudas extraordinarias por sequía o por el impacto de la guerra en Ucrania. No hay justificación posible para que olivar y viñedo queden fuera de una ayuda que está escrita en una ley, diseñada para amortiguar la caída de cosecha, el incremento de costes y la pérdida de margen.
924.000 hectáreas de viñedo
Los datos oficiales muestran la dimensión del daño. España cuenta con 924.000 hectáreas de viñedo, el 13% de la superficie mundial, con una producción superior a 32 millones de hectolitros, más de 3.500 millones de euros en exportaciones y un tejido formado por 532.000 viticultores, en su mayoría pequeñas explotaciones.
El viñedo de secano, especialmente vulnerable a la sequía y al aumento de costes. En el olivar, España suma 2,75 millones de hectáreas, de las cuales 2,55 millones son de almazara y 1,9 millones corresponden a secano, el segmento más afectado por la sequía. Más de 350.000 agricultores, 15.000 empleos industriales y 32 millones de jornales por campaña dependen de un cultivo estratégico cuya producción oscila de forma acusada —de 855.600 t en 2023/24 a 1.414.600 t en 2024/25— y que queda igualmente desprotegido por la falta de ejecución de las ayudas.
Inseguridad jurídica
La falta de aplicación de una ayuda que la propia ley establece como concesión directa, integrada en la PAC y sin necesidad de solicitud previa, está generando una inseguridad jurídica insostenible para miles de agricultores profesionales, que tenían derecho a confiar en que la norma se cumpliría.
Este retraso aboca a las explotaciones de secano a una incertidumbre absoluta, dificulta cualquier planificación —desde inversiones hasta podas, tratamientos o contratación de personal— y aumenta el riesgo real de abandono de explotaciones en zonas rurales especialmente vulnerables.
Exige una solución inmediata
ASAJA exige al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una solución inmediata y transparente, que incluya la activación urgente de los 370 millones previstos en la Ley 1/2025, la dotación presupuestaria necesaria para ejecutarla, claridad sobre beneficiarios y superficies, un calendario público de pagos y un trato igualitario respecto a otros sectores que sí han recibido ayudas extraordinarias.
“No se pueden dar excusas para incumplir una ley. El campo necesita certezas, no respuestas burocráticas; el olivar y el viñedo de secano son pilares de la economía rural y su abandono tendría consecuencias irreversibles”, advierten desde la organización.
