La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha calificado la activación del Acuerdo UE-Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) como “una excelente noticia, ya que demuestra la confianza y el entusiasmo de nuestros socios por impulsar nuestra relación y lograr que este acuerdo histórico funcione”.
Von der Leyen defiende que “el acuerdo crea un mercado de 720 millones de personas; abre innumerables oportunidades; reduce miles de millones en aranceles y permite a nuestras pequeñas y medianas empresas acceder a mercados de una escala con la que antes solo podían soñar”. Añade que “además, otorga a Europa una ventaja estratégica de vanguardia en un mundo marcado por una intensa competencia y por horizontes cortos”.
Pese a la euforia de la presidenta europea, en España las organizaciones agrarias han cargado duramente contra el acuerdo.
ASAJA
Así, ASAJA denuncia una “traición institucional” al campo europeo tras la activación provisional del acuerdo con Mercosur, aunque recuerdan que “la batalla no está perdida”, pues el Parlamento Europeo deberá votar la ratificación y un recurso ante el Tribunal de Justicia de la UE podría suspender cautelarmente el acuerdo.
ASAJA insiste en que no se opone al comercio internacional, pero sí a acuerdos que no garantizan reciprocidad real en normas sanitarias, medioambientales y de bienestar animal, y que exponen a los productores europeos a una competencia desleal.
COAG
Desde COAG consideran “una grave irresponsabilidad” la aprobación provisional del acuerdo UE-Mercosur tras reconocer los propios auditores de la Comisión Europea que el sistema brasileño no puede garantizar que carne hormonada llegue a las mesas europeas.
COAG pide al Parlamento y Consejo de la UE que se opongan frontalmente a la aplicación provisional anunciada por la Comisión Europa ante la evidente amenaza que supone para la seguridad alimentaria de los 500 millones de ciudadanos europeos.
Unión de Uniones
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos va más allá y pide la dimisión Von der Leyen “por saltarse las reglas y principios democráticos con la aplicación provisional del acuerdo y vender los intereses de los productores europeos”.
La organización considera que se trata de “una decisión precipitada, lesiva para el sector agrario y políticamente inaceptable en el actual contexto institucional”.
