La Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) considera importante y necesaria la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026 como respuesta al impacto de la crisis de Oriente Medio sobre los insumos agrarios.
El sector arrastra desde mediados de febrero un sobrecoste estimado en más de 1.050 millones de euros al año (2,77 millones de euros cada día) derivado del encarecimiento del gasoleo B (+40%, +0,391 euro/L), la urea (+24%, +120 euro/t) y los plásticos agrícolas (más de +20%).
36.000 familias apícolas
Sin embargo, el análisis de COAG detecta dos grandes déficits que, si no se corrigen antes de la convalidación del 26 de marzo en el Congreso, dejarán sin protección a 36.000 familias apícolas y a sectores como la horticultura, fruticultura y ganadería de vacuno y ovino, que dependen de un insumo estratégico: los plásticos de uso agrícola y ganadero.
Más allá de estos déficits, COAG advierte de que la suficiencia del plan depende de la duración e intensidad de la guerra.
“Si la situación se resuelve en un 2-3 semanas, las medidas aprobadas pueden absorber el impacto. Si el conflicto se sostiene o escala, será necesario un nuevo paquete de medidas más ambicioso”, ha subrayado Miguel Padilla, Secretario General de COAG.
Plásticos agrícolas
El RDL 7/2026 contempla ayudas para gasóleo y fertilizantes, pero ignora por completo los plásticos agrícolas. El film de invernadero, el plástico de ensilado, las mallas antigranizo y las tuberías y cintas de riego son insumos sin los que horticultura, fruticultura y ganadería no pueden operar. Sus precios han escalado más de un 20% en las últimas semanas, indican desde COAG.
Así, exige la inclusión de una línea específica de, al menos, 45 millones de euros, articulada a través de cooperativas y almacenes agrarios y justificable mediante factura de compra. La distribución puede seguir el mismo modelo que la ayuda a fertilizantes.
Apicultores excluidos
El decreto canaliza la ayuda de 20 céntimos por litro a través de la devolución del Impuesto Especial de Hidrocarburos (IEH). Solo tienen acceso a esa devolución quienes utilizan gasóleo B en tractores y maquinaria agrícola.
Desde la organización agraria recuerdan que los apicultores usan gasóleo A de automoción en sus furgonetas y camiones para desplazar colmenas (actividad plenamente agraria) y por tanto no generan devolución de IEH.
COAG exige una enmienda en la convalidación del 26 de marzo que incluya a los apicultores mediante una disposición adicional especifica. La solución técnica es reconocer el gasóleo A consumido por titulares de explotaciones apícolas inscritas en REGA como gasto subvencionable, con coste estimado de 8-10 millones de euros.
Activación urgente de medidas autonómicas
Por último, indican que el esfuerzo presupuestario del Gobierno central, aun siendo necesario, no puede ser la única respuesta institucional a una crisis que afecta de forma diferenciada a cada territorio. Las Comunidades Autónomas disponen de competencias y recursos propios que deben activarse con carácter urgente para complementar las medidas del RDL 7/2026.
