El 2 de abril entra en vigor en España la nueva normativa contra el desperdicio alimentario. El objetivo es necesario y compartido: reducir las pérdidas a lo largo de toda la cadena. Sin embargo, cuando se analiza lo que está ocurriendo en el campo, surge una contradicción evidente: se legisla contra el desperdicio mientras se toman decisiones que lo están incentivando en origen.
Porque hoy, una parte creciente del desperdicio empieza antes de la cosecha. Empieza en la propia explotación. Las restricciones europeas en fitosanitarios, que además quisieron acelerarlas a través del fallido Pacto Verde Europeo y la estrategia De la Granja a la Mesa, están reduciendo de forma progresiva las herramientas disponibles para los agricultores. El objetivo ambiental es legítimo, pero en muchos casos no va acompañado de alternativas eficaces.
A esto se suma un elemento diferencial clave: la aplicación en España. Mientras países como Grecia, Italia y Portugal están recurriendo con mayor flexibilidad a autorizaciones excepcionales para hacer frente a plagas y enfermedades, aquí el margen es mucho más estrecho. Esto deja a los agricultores en una situación de clara desventaja competitiva y, sobre todo, con menos capacidad de reacción.
Las consecuencias son visibles: cultivos que no se pueden proteger adecuadamente, producciones que pierden calidad comercial y, en muchos casos, fruta que ni siquiera compensa recoger. Es decir, alimentos que se pierden directamente en el campo.
No es una cuestión menor. La propia Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) señala que una parte significativa de las pérdidas alimentarias se produce en las primeras fases de la cadena, especialmente por problemas fitosanitarios y falta de medios adecuados para afrontarlos.
A esta incoherencia se suma la falta de apoyo económico. La ley contemplaba medidas específicas para sectores especialmente sensibles como el viñedo y el olivar, con 370 millones de euros ya aprobados pero estas ayudas han quedado paralizadas ante la ausencia de nuevos Presupuestos Generales del Estado. Es decir, se elevan las exigencias sin reforzar el acompañamiento.
Y mientras tanto, en Bruselas se abre una oportunidad para corregir parte de estos desequilibrios. El paquete de simplificación normativa, conocido como “ómnibus food & feed”, plantea revisar el marco de los fitosanitarios. Un debate clave en el que España, lejos de liderar una posición firme en defensa de su sector productor, está adoptando un perfil bajo.
El resultado de todo este conjunto de decisiones es una ecuación difícil de sostener: se pide al campo que produzca con menos herramientas, que asuma más riesgos y que, además, reduzca el desperdicio. Pero sin producción viable, ese objetivo se queda en el papel.
Y todo esto no es ajeno al consumidor. Cada cosecha que se pierde en el campo es menos oferta, más tensión en los precios y mayor dependencia de importaciones producidas bajo estándares distintos. Lo que ocurre en la finca acaba, inevitablemente, en la cesta de la compra.
Porque no hay política contra el desperdicio que funcione si se ignora el origen del problema. Y no hay mayor desperdicio que una cosecha que se pierde antes de salir de la finca. Si de verdad se quiere luchar contra el desperdicio por parte del gobierno, que se empiece por modernizar la legislación de las medicinas de las plantas de una vez por todas.
José María Castilla Baró. Director de la Oficina de ASAJA ante la UE
