Agricultores y Ganaderos Independientes de Castilla-La Mancha (AGRICAMAN) ha denunciado que la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha está reclamando en 2026 devoluciones de ayudas correspondientes a las campañas PAC 2015, 2016, 2017 y 2018 muchos años después de que los agricultores sembraran, solicitaran las ayudas y, en muchos casos, las cobraran.
Explican que el agricultor siembra en septiembre u octubre, solicita la Política Agraria Común en febrero o marzo y, si hay incidencias, responde con alegaciones.
Señalan que, “a partir de ahí, en numerosos casos, la Administración no responde, no resuelve y no explica si el agricultor tiene razón o no la tiene, ni por qué no tiene razón. Pese a ese silencio, el agricultor cobró desde el 2015 al 2018”.
Años después, desde el 2023 al 2026, llega la reclamación. Entre cuatro y cinco años después de haber cobrado, la Consejería exige la devolución. Los agricultores vuelven a alegar y recurrir, y la situación se repite: “no se les responde y no se les explica por qué no tienen razón”.
La situación se agrava porque, dos años después de esos recursos —ya en 2026—, muchos afectados están recibiendo nuevas cartas en las que se les exige el pago sin alternativa.
Lamentan que en la práctica, “desde la primera alegación hasta la última exigencia, no han recibido una respuesta clara, motivada y completa. Hablamos de hechos de hace entre ocho y diez años, cuando ya es prácticamente imposible defenderse”.
AGRICAMAN considera que esto genera “una indefensión total y una inseguridad jurídica inaceptable”.
Reclamaciones prescritas
Además, la asociación advierte de que muchas de estas reclamaciones podrían estar prescritas, al haberse superado los plazos legales para actuar y resolver.
Afirman que igualmente grave es el origen de muchas incidencias, pues en numerosos casos se basan en expedientes y controles realizados por personal de TRAGSATEC o GEACAM, a través de encomiendas de gestión, “limitándose el funcionario a firmar”.
Visitas de campo
Añaden que las visitas de campo, la toma de datos y la elaboración de informes las realiza ese personal, sin que el funcionario haya estado sobre el terreno para comprobar directamente los hechos.
“En la práctica, se está actuando como un acto de fe, lo que pone en duda la validez de los expedientes. Si no ha existido una supervisión real y efectiva por parte de un funcionario, muchos de estos procedimientos podrían ser nulos de pleno derecho”, advierten.
A todo ello, suman que numerosos agricultores denuncian que no se les facilita el expediente administrativo completo, lo que impide conocer qué se les imputa exactamente y defenderse con garantías.
Las cuantías oscilan entre 100 y 1.000 euros. “Cantidades que pueden parecer reducidas, pero que no corresponden devolver si el procedimiento es incorrecto y que, acumuladas, suponen un impacto importante para el sector”, indican.
Por ello, AGRICAMAN exige la anulación de todos los expedientes de reintegro correspondientes a campañas entre 2015 y 2022 en los que no se hayan respetado las garantías legales; una respuesta motivada, clara y concreta a todas las alegaciones y recursos, no mediante fórmulas genéricas; entrega completa de los expedientes administrativos a los afectados, revisión de todos los casos en los que pueda existir prescripción y aclaración de quién ha intervenido realmente en la inspección, control y tramitación.
