El sector productor de uva destinada a cava refuerza su unidad ante el inicio de la campaña. La Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) y APAG Extremadura ASAJA han suscrito, junto con organizaciones agrarias y vitivinícolas de otras zonas productoras de España, un acuerdo para defender un precio justo para la uva y hacer frente a lo que consideran prácticas abusivas por parte de algunas bodegas.
Garantizar la viabilidad de las explotaciones
La iniciativa reúne a productores de distintos territorios bajo una misma reivindicación: que el precio pagado por la uva permita cubrir los costes de producción y garantice la viabilidad de las explotaciones vitícolas.
Las organizaciones han manifestado formalmente su “rechazo absoluto” a los primeros precios de compra planteados para esta campaña.
A su juicio, resulta contradictorio defender la sostenibilidad y el prestigio de la DO Cava mientras se trasladan al campo ofertas que, aseguran, obligarían a los viticultores a producir a pérdidas.
Ofertas de alrededor de 0,28 euros por kilo
Según los productores, algunas bodegas estarían planteando pagar una media de 0,28 euros por kilo de uva, una cifra muy alejada de los costes de producción de referencia del Instituto Catalán de la Viña y el Vino (INCAVI), que las organizaciones sitúan entre 0,53 y 0,56 euros por kilo.
Los firmantes consideran que comprar la uva a esos niveles supondría incumplir la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece la necesidad de que los contratos alimentarios tengan en cuenta los costes efectivos de producción.
En concreto, las organizaciones señalan que Grupo García Carrión y Vins Font estarían planteando precios próximos a los 0,30 euros por kilo, mientras que Celler Can Pagès se situaría alrededor de los 0,25 euros por kilo.
Se trata, por el momento, de precios y planteamientos atribuidos a las bodegas por las organizaciones firmantes del acuerdo, a la espera de que se oficialicen las tarifas de compra para la campaña.
Almendralejo se suma al frente común de los productores
La situación afecta también a Almendralejo (Badajoz), una de las principales zonas productoras de uva para cava de Extremadura. Según CLYGAL, las cifras que se barajan entre las bodegas compradoras de la zona rondan igualmente los 0,25 euros por kilo, un nivel que la organización califica de “auténtico abuso”.
La incorporación de CLYGAL y APAG Extremadura ASAJA al acuerdo amplía así territorialmente la respuesta de los viticultores y convierte la reivindicación del precio de la uva en una posición conjunta de organizaciones productoras de diferentes zonas de la DO Cava.
Además del nivel de precios, el sector muestra preocupación por las condiciones comerciales que puedan acompañar a las ofertas. Las organizaciones alertan de “posibles fórmulas comerciales diseñadas para enmascarar el valor real que recibirá el agricultor”.
En particular, temen que únicamente el 70% de la cosecha pueda abonarse al precio inicialmente anunciado, mientras que el 30% restante quede sujeto a cotizaciones considerablemente inferiores, que podrían descender hasta los 0,12 euros por kilo. Los productores advierten de que rechazarán limitaciones de kilos o porcentajes que terminen reduciendo sustancialmente el precio medio realmente percibido por el viticultor.
“No habrá sostenibilidad ambiental sin sostenibilidad económica”
El acuerdo pone el foco especialmente en la viabilidad de las explotaciones. Las organizaciones recuerdan que durante los últimos años se ha reclamado a los viticultores una creciente profesionalización, inversiones para adaptarse al cambio climático y mayores exigencias de calidad.
Para los firmantes, esas demandas son incompatibles con unos precios que no permitan cubrir los costes del cultivo. Por ello, trasladan a las empresas elaboradoras que “no habrá sostenibilidad ambiental si no existe sostenibilidad económica y social” para las familias que mantienen los viñedos y producen la uva.
El mensaje supone un intento de trasladar el debate más allá de una negociación puntual de precios: las organizaciones productoras quieren vincular la continuidad de la DO Cava y su apuesta por la calidad con la rentabilidad del primer eslabón de la cadena.
El sector anuncia acciones
La unidad alcanzada entre las organizaciones tendrá también una vertiente reivindicativa. Una vez que las tarifas de compra sean oficiales, los firmantes anuncian “acciones contundentes” y aseguran que harán públicos los compradores y bodegas que, según sus cálculos, paguen por debajo de los costes de producción de referencia.
También prevén denunciar públicamente las fórmulas comerciales que puedan reducir el precio medio finalmente percibido por los productores, así como aquellos precios del vino base destinado a cava que consideren insuficientes.
El sector productor mantiene, no obstante, abierta la puerta a un cambio de posición por parte de las empresas elaboradoras. Las organizaciones consideran que las bodegas todavía están a tiempo de rectificar sus propuestas y plantear precios compatibles con la rentabilidad del viñedo.
Siete organizaciones en un frente común
El acuerdo está suscrito por la Associació de Viticultors del Penedès, Unió de Pagesos, APAG Extremadura ASAJA, JARC, Asociación de Viticultores de Requena, Comunidad de Labradores y Ganaderos de Almendralejo (CLYGAL) y Revolta Pagesa i la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya.
La diversidad territorial de los firmantes refuerza el principal mensaje que el sector productor pretende trasladar al comienzo de la campaña: la reclamación de precios que cubran los costes deja de plantearse de manera aislada en cada territorio para convertirse en una reivindicación conjunta de los productores de uva destinada a cava.
