La portavoz de Agricultura del PP en las Cortes Regionales, Lola Merino, ha alertado del “daño irreparable” que los planes de gestión que el Gobierno de Castilla-La Mancha está elaborando para las zonas especiales de protección de aves esteparias (ZEPA) tendrán, especialmente, en el sector agrario, en los 37 municipios a los que afecta y en el sector cinegético de la región.
Merino destaca la importancia que estos planes de gestión tienen para Castilla-La Mancha, ya que en esta región la Red Natura 2000 está constituida en la actualidad por 39 Zonas ZEPA y 79 Lugares de Importancia Comunitaria (LIC), que abarcan una superficie total de 1.842.739 hectáreas, el 23 % del territorio regional.
Para Merino, estas zonas «deben contar de antemano con el visto bueno y el consenso de todos los afectados, ya que las consecuencias negativas pueden ser muy graves para el desarrollo económico y ambiental de los municipios afectados».
Más transparencia
Por otra parte, Merino ha denunciado la falta de un verdadero ejercicio público de transparencia del Gobierno de la región en este asunto, lo que, a juicio de la diputada del PP, está provocando «una indefensión absoluta e inseguridad jurídica de nuestros agricultores y ganaderos, que ya han manifestado su más absoluto rechazo a las duras restricciones de las actividades que venían realizando tradicionalmente en sus explotaciones agrarias».
Además, la diputada popular ha señalado que el borrador elaborado por el Gobierno regional «se ha olvidado de la viabilidad de las explotaciones agrarias y de la supervivencia económica de sus titulares que ven truncadas sus posibilidades económicas y sociales en el texto propuesto».
Contestación del PSOE
Antes estas declaraciones, desde las filas socialistas, la portavoz del Grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Blanca Fernández, ha señalado que el actual Gobierno “está arreglando el desaguisado” que dejó en anterior en las ZEPA de la comunidad autónoma.
Según Fernández, «el anterior Ejecutivo no desarrolló los planes de gestión de estas zonas, cuando lo tendría que haber hecho y además autorizó plantaciones de viñedo en las mismas sin el preceptivo informe medioambiental. Esto provocó la interposición de demandas y trajo consigo sentencias contrarias a estas plantaciones. Toda esta situación tan complicada es la que se está tratando de arreglar ahora desde la consejería de Agricultura”.
Fernández ha indicado que los trabajos en este sentido están muy avanzados y la intención del Gobierno es que esos planes de gestión puedan estar aprobados antes de que finalice el año. “El nivel de consenso, aunque no es total, es alto y se ha puesto sobre la mesa un documento que a la vez que preserva el medio ambiente permite el desarrollo de la actividad económica agraria en estas zonas”.
