CCOO-Industria aplaude la iniciativa del grupo parlamentario del PSOE en el Congreso de los Diputados, donde ha presentado una “Proposición no de Ley sobre accesibilidad de las estaciones automatizadas de servicio de carburante” que el sindicato apoya y agradece por su sentido social, así como por su transcendencia para el empleo en el sector, su funcionamiento en igualdad de condiciones entre las empresas y la garantía de seguridad
de los usuarios y las instalaciones.
La PNL, firmada por el diputado socialista Joan Ruiz i Carbonell, debe debatirse en la Comisión de Políticas Integrales de la Discapacidad y reclama que el “Congreso inste al Gobierno, en coordinación con las comunidades autónomas en el ámbito de sus competencias, a regular, con la mayor urgencia posible, que todas las estaciones de servicio de carburantes cuenten con personal presente permanentemente en ellas
que garantice una atención de calidad e igualitaria a los clientes con discapacidad”
“ La propuesta de grupo socialista en el Congreso coincide con la reivindicación más que justificada de las asociaciones de discapacitados y del CERMI, así como con la de los sindicatos y las patronales del sector y de las organizaciones de consumidores”, recuerda Margarita Mena, responsable del Sector de Gasolineras de CCOO-Industria CLM.
“ Confiamos en que esta PNL obtenga el respaldo necesario en el Congreso y fuerce al Gobierno y a las Comunidades Autónomas a impedir la proliferación de estaciones desatendidas. Y pedimos al Gobierno de CLM, y en su caso a los grupos parlamentarios en
nuestras cortes regionales, que actúen con determinación en ese mismo sentido”
“ CLM fue la primera comunidad autónoma en dotarse de una norma -Decreto 33/2005, de 5 de abril, sobre derechos de los consumidores y usuarios en el suministro de servicio al por menor de carburantes y combustibles de automoción en las instalaciones de venta al público- para exigir la presencia de al menos un empleado en cada gasolinera; y sigue siendo una de las pocas comunidades que la tienen.”
“ Pero, por un lado, esta normativa se ve cuestionada por las disposiciones europeas que, a nuestro juicio de forma incongruente y atropellada, en nombre de la presunta la liberalización del servicio, pretende facilitar la expansión de las gasolineras desatendidas; lo que, entre otras cosas, es absolutamente incompatible con la garantía de los derechos de personas con discapacidad”
“ Y, por otro lado, hay que incorporar al Decreto 33/2005 un régimen sancionador realmente disuasorio, que tipifique como grave el no tener personal en los puntos de venta de carburantes y combustibles de automoción. Que se considere conducta sancionable y se establezca para las sanciones una cuantía realmente disuasoria”
