Cooperativas Agro-alimentarias Castilla-La Mancha ha visto de nuevo ratificados los argumentos que ha venido esgrimiendo en defensa de la actividad de suministro de carburantes que desde décadas vienen desarrollando las cooperativas agrarias de la región, esta vez desde la Secretaría del Consejo para la Unidad de Mercado dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, en un informe emitido en fecha de 12 de septiembre de 2017 en el que establece que la actual obligación de disponer de un empleado en toda estación de servicio abierta al público, en concreto, en las estaciones de servicio desatendidas, va en contra de la Ley 20/2013, de Garantía de la Unidad de Mercado y que en modo alguno existen razones de imperioso interés general como para justificar tal limitación al libre acceso y al ejercicio de esta actividad económica.
Este informe se emite por la vía del artículo 28 de la Ley General de Unidad de Mercado a resultas de un expediente sancionador seguido una cooperativa ciudadrealeña que fue sancionada por incumplir con la obligación de disponer de persona responsable durante todo el horario de apertura de la estación de servicio desatendida que está ubicada en sus instalaciones.
Este apoyo se une al ya expresado por la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) que a mediados del pasado año emitió un informe el que se destacaba que las restricciones incluidas en las normativas autonómicas que imponen la obligación de contar con personal en todos los modelos de negocio de suministro de carburantes, incluido en las desatendidas (que en el caso de Castilla-La Mancha, es el actual Decreto 33/2005, cuya modificación espera en próximas fechas), son innecesarios, desproporcionados e injustificados, limitando la competencia en el sector de forma significativa, con claros perjuicios en términos de precio, innovación y tiempos de espera para los consumidores, indicando, que deber ser eliminadas de toda normativa autonómica.
Suministro de carburantes cercano
Las cooperativas agrarias de esta región han estado desde décadas implicadas en dotar de servicios, crear riqueza y empleo estable allí donde otros no quieren invertir, frenando la despoblación en el medio rural de nuestra región, objetivos todo ellos que, entendemos, son prioritarios para todos los agentes políticos y sociales de Castilla-La Mancha.
Las cooperativas agrarias ofrecen al consumidor un suministro de carburantes cercano, las 24 horas del día, a un precio competitivo, cumpliendo con la normativa nacional de distribución de hidrocarburos que expresamente permite el ejercicio de esta actividad a las cooperativas agrarias, sin ningún tipo de privilegio fiscal en su ventas a terceros dado que tributan al tipo general de Sociedades como el resto de operadores, contando con instalaciones que disponen con todos los mecanismos de seguridad exigidos por la instrucción técnica MI-IP04 del Ministerio de Industria, y en muchos lugares de la región en los que los operadores tradicionales no quieren tener presencia.
Respecto del colectivo de personas con discapacidad hay que indicar que solo un 0,26% de los más de 22 millones de vehículos que circulan por España son adaptados para personas con discapacidad, para los cuales se cuenta con aproximadamente el 95% de las más de 10.000 estaciones de servicio atendidas existentes en España por lo que están garantizados sobradamente sus derechos de suministro, sin perjuicio de que, a juicio de Cooperativas Agro-alimentarias, la protección de este colectivo ha de venir de la mano de medidas que contribuyan a la mejora de la accesibilidad y no de medidas que incrementen o muestren su dependencia.
A nivel europeo, en los que también existen altos niveles de protección de consumidores, discapacitados y de empleo, el modelo de las estaciones automáticas desatendidas está altamente generalizado y sin ningún tipo de limitación o restricción a su implantación, existiendo países como Dinamarca o Suecia, en las que el 65,9% y el 61,1% respectivamente son estaciones de este tipo.
Cooperativas Agro-alimentarias felicita a la Consejería de Sanidad por su iniciativa de proceder a la modificación del actual Decreto para adecuarlo a las directivas europeas, normas nacionales y demás recomendaciones de la CNMC y SCUM, y lamenta profundamente el tono y contenido de la manifestaciones que se están realizando por sindicatos y otras asociaciones de la región en torno a este asunto con argumentos poco rigurosos y alejados de la realidad social.
