La macrogranja de Huerta de la Obispalía (Cuenca), a la que se anuló la autorización ambiental sigue funcionando, según ha denunciado la Plataforma Pueblos Vivos Cuenca.
Según apuntan desde este colectivo, a pesar de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) que anuló en enero de 2018 todo el procedimiento administrativo de evaluación ambiental y autorización ambiental integrada de esta explotación porcina, por considerar que no se ajustaba a derecho, «esta instalación ganadera funciona a día de hoy con normalidad, hecho del que tiene constancia la Viceconsejería de Medio Ambiente a través de una diligencia de presencia del Seprona», aseguran.
Esta situación, inciden desde Pueblos Vivos, debería haber llevado a la Viceconsejería a incoar expediente sancionador y dictar orden de clausura inmediata de la actividad, «ya que no podría estar funcionando sin Declaración de Impacto Ambiental, Autorización Ambiental Integrada ni licencia de actividad en regla». Sin embargo, señalan, la administración autonómica ha publicado nuevamente la Declaración de Impacto Ambiental en el Boletín Oficial en fecha 29 de junio «para intentar regularizar su situación lo antes posible».
Se da la circunstancia, denuncian desde este colectivo, que se publica «de manera literal» la misma Declaración de Impacto Ambiental que fue anulada por el TSJ, sin apertura de plazo ni periodo ninguno para alegaciones, por lo que, aseguran, «se estaría incumpliendo el contenido de la propia Sentencia por parte de la Administración regional, ya que se condenaba expresamente a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha por no haber abierto o instrumentalizado un plazo de alegaciones tras la publicación de la Declaración de Impacto Ambiental y antes de emitirse la Autorización Ambiental Integrada, que hubiera permitido la eficaz participación ciudadana». Periodo que, denuncian, tampoco se ha abierto en este caso. Por otro lado, esta Declaración de Impacto Ambiental, recalcan desde Pueblos Vivos, es de fecha de 18 de julio de 2014, siendo el plazo legal de caducidad de la misma de tres años, «por lo que actualmente no serviría a los fines pretendidos, debiendo iniciarse el proceso de evaluación ambiental de nuevo».
Esta situación contradice de manera clara, señalan desde el colectivo, «el reiterado discurso tanto del Director Provincial de Agricultura, Joaquín Cuadrado, quien afirmó que el objetivo del Gobierno regional es que todas las granjas que se pongan en marcha cuenten con las garantías ambientales y sanitarias necesarias”, como del propio Consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, «quien en sede parlamentaria aseveró que “en Castilla-La Mancha se cumple la normativa ambiental y de control animal y si se detectan anomalías se sanciona a las empresas».
En el caso de Huerta de la Obispalía, los órganos ambientales competentes están permitiendo, denuncia Pueblos Vivos Cuenca, «con conocimiento de causa» que esta explotación porcina funcione «sin las autorizaciones ambientales pertinentes» y, por tanto, «sin el consiguiente control de sus actividades susceptibles de contaminación ambiental». No sólo no se sanciona, critica el colectivo, «sino que se han acelerado los trámites ambientales para que deje de estar en funcionamiento de manera ilegal, como está actualmente».
Daniel González, portavoz de Pueblos Vivos Cuenca, reafirma lo que esta plataforma lleva denunciando desde hace más un año, «que la administración regional, en especial la Viceconsejería de Medio Ambiente, está tramitando los expedientes de las explotaciones porcinas intensivas de manera acelerada incumpliendo la propia normativa ambiental, vemos como muchos casos se aprueban proyectos sin planes de abonado o sin especificar las parcelas donde se esparcirá el purín, requisitos indispensables. En este caso, la situación es más grave aún, puesto que una explotación porcina está en funcionamiento sin las correspondientes autorizaciones ambientales con conocimiento del órgano ambiental, que no sólo no lo sanciona sino que le facilita la tramitación con urgencia para evitarle el expediente sancionador que le debería acarrear”.
