Tras la reunión mantenida entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Junta de Comunidades, Emiliano García-Page, los ribereños desconfían de la promesa de Sánchez. Temen que la solución consista en garantizar todavía más agua subvencionada por todos los españoles, en vez de controlar y racionalizar de una vez por todas la demanda, reduciendo el agua trasvasada.
“¿De qué nos sirve a nosotros que se nos garantice que se vaya a desalar más agua, si no vas a racionalizar la demanda? Lo único que vas a conseguir es seguir multiplicando exponencialmente las hectáreas de regadío a costa del bolsillo de todos los españoles sin reducir el volumen de agua trasvasada”, afirma rotundo Francisco Pérez Torrecilla. “El discurso es tramposo si no se garantiza la reducción del agua trasvasada, solo el aumento de la desalada; pedimos más desalación como medio para terminar con el Trasvase, no como fin, por lo que el Gobierno Central debe explicar cómo y cuándo va a proceder a ese intercambio de agua desalada por agua trasvasada”.
Para los ribereños, el problema con el Trasvase es fruto de una doble mala gestión, de la que son culpables los sucesivos inquilinos de Moncloa y los perennes regentes de San Esteban, en Murcia. No se puede aplicar el Trasvase dando siempre por buenas las necesidades de los demandantes. “Cuanta más agua reciben, más agua demandan, porque desde 1986 se han multiplicado las hectáreas de regadío ilegales, que se han ido legalizando con el beneplácito de una administración cómplice”. Así, sin control, la oferta del Gobierno es tramposa: “no sólo no van a acabar con el monstruo, sino que lo van a engordar más; si no va acompañado de una sentencia en firme sobre el fin del Trasvase se trata de otro premio a los regangsters del SCRATS, no de un alivio para el Tajo”.
Los ribereños señalan que las reglas del Trasvase, elevadas a rango de ley por el Memorándum de Cospedal, son calamitosas en su propio concepto. En vez de plantear como base los aportes del río a los embalses, los trasvases se ordenan en función del agua embalsada, permitiendo habitualmente situaciones como la actual, en la que el agua expoliada es muy superior al aporte recibido. “Así, es normal que siempre estemos en situación de alerta, ningún gestor con dos dedos de frente permitiría a nadie gastar permanentemente en función de los ahorros, sin atender a los ingresos”, explica Torrecilla. “La mala gestión de Cospedal y de quienes no se la enmiendan nos condena a la bancarrota perpetua”.
“Los regangsters del SCRATS y el Gobierno de Murcia son un niño consentido que dilapida la fortuna de todos los españoles en beneficio propio, destruyendo a capricho el Tajo, el Segura y el Mar Menor y perjudicando gravemente a la huerta tradicional murciana y a nuestros municipios”, lamenta el presidente de la asociación.
Asociación de Municipios Ribereños de Entrepeñas y Buendía
