El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha visitado la localidad toledana de Oropesa con motivo del desarrollo de la XX edición de las Jornadas Medievales, que fueron declaradas en 2015 de Interés Turístico Regional. Allí, la consejera de Fomento, Agustina García Élez, ha mostrado su satisfacción con la sentencia del Tribunal Supremo, de este viernes, que asegura que el Plan Hidrológico del Tajo no cumple con los caudales ecológicos.
La titular de Fomento del Gobierno regional ha señalado que “por fin la justicia nos da la razón al Gobierno regional, a los ayuntamientos, a la sociedad civil y a las plataformas y colectivos que durante muchos años llevan defendiendo al río Tajo y a los intereses de Castilla-La Mancha”. En este sentido, ha avanzado que “vamos a exigir el cumplimiento de la sentencia del Supremo y que, de manera inmediata, los planes hidrológicos modifiquen lo que la sentencia ha dicho”.
Una vez más, García Élez ha recordado que, desde inicio de legislatura, el Gobierno autonómico “ha tenido como bandera la lucha y la reivindicación del agua”, algo que ahora la justicia empieza a apoyar con un total de cinco sentencias en este orden. “El Supremo ha dicho alto y claro, y de forma contundente, que la situación del plan hidrológico que fue aprobado la legislatura pasada es totalmente ilegal, que no cumple con los caudales ecológicos para el desarrollo normal del río”, ha resumido.
El río Tajo, a su paso por ciudades ribereñas tan importantes como Talavera de la Reina, Toledo o Aranjuez “no mantiene caudales ecológicos”, algo que, según ha reiterado la consejera, “lo venimos diciendo y demostrando con informes técnicos”; por lo que ha dicho sentirse “contenta como consejera, como talaverana y vecina de Castilla-La Mancha”. “Las pruebas del mal estado ecológico del río son evidentes, y lo vemos y comprobamos cuando paseamos por el propio río”, ha apostillado.
Respecto al plan del Tajo, como en sentencias anteriores emitidas a favor de otras instituciones, el Supremo anula varios artículos por no atender la obligación de implantar un régimen de caudales ecológicos y haber prorrogado el cumplimiento de los objetivos medioambientales exigidos por la Directiva Marco del Agua (DMA) sin la debida justificación para todas las masas de agua de la demarcación.
