La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) dio a conocer hace unos días que ha llevado a cabo una investigación sobre la campaña de vendimia 2018 para detectar posibles ilegalidades e irregularidades contrarias a la Ley de la Cadena Alimentaria, como la entrega de uva sin el preceptivo contrato, ni información sobre el precio de la uva.
Dicha investigación ha finalizado con 23 expedientes sancionadores, de los cuales 22 son de bodegas y estando distribuidas 10 en Castilla-La Mancha; 5 en la Región de Murcia; 3 en Extremadura; 2 en la Comunidad de Madrid y 1 en Cataluña, Aragón y Galicia, respectivamente.
Desde Unión de Uniones, Joan Santó, responsable de la Sectorial Vitivinícola, demanda que “una vez que los expedientes se cierren, si acaban en sanción, queremos que se conozcan los importes, causas y nombres de las empresas que incumplen la Ley”.
