La Unión Europea prohíbe el clorpirifós y el metil clorpirifós

Aunque las importaciones agrícolas podrán seguir entrando en España con esas sustancias, denuncian desde Unión de Uniones

La Comisión Europea ha decidido no renovar por sus efectos para la salud humana la aprobación de las sustancias activas clorpirifós y clorpirifós metil utilizadas en la elaboración de productos fitosanitarios. En algunas zonas productoras españolas, estas dos sustancias son hasta la fecha muy usadas en las producciones agrícolas, fundamentalmente cítricos, pero también en otros cultivos frutales, hortalizas y en viñedo para algunas plagas, y tendrán que dejar de ser utilizadas.

Sin embargo, paradójicamente, -denuncian desde Unión de Uniones- los productores de países terceros si podrán seguir utilizándolos según sus propias normativas y por tanto, en las productos que se importen procedentes de esos tales países (por ejemplo, los cítricos sudafricanos) podrán ser puestos en el mercado con presencia de esas sustancias cuyo empleo está vedado a los agricultores comunitarios por motivos de seguridad y salud.

La nueva normativa de la Comisión Europea, publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea el pasado 10 de enero, indica que los Estados miembros retirarán las autorizaciones de los fitosanitarios que contengan alguna de esas sustancias activas como muy tarde el próximo 16 de febrero, fecha en la que expiran sus licencias vigentes, aunque concede un periodo de gracia para ello al que pueden optar los países comunitarios que expira el 16 de abril. En algunos países ya estaban prohibidos con anterioridad a este nuevo reglamento.

Desde Unión de Uniones no se cuestionan los criterios científicos que avalan la prohibición de estas sustancias, pero mantienen que antes de retirar fitosanitarios del mercado el agricultor debe disponer de alternativas eficaces y accesibles y económicas y que, además, el mismo nivel de exigencia se debe aplicar a las producciones importadas de países terceros, sobre todo si hablamos de temas de salud.

“Esto es un problema de competitividad para los agricultores europeos”, explican desde Unión de Uniones de Castilla-La Mancha “pero, además, es un fraude para los consumidores, porque las sustancias aquí se prohíben, pero estarán en las estanterías de nuestras tiendas y mercados en los productos que se traigan de países donde estén autorizadas”. La organización por eso sigue insistiendo en que los alimentos deben tener un etiquetado de origen claro para que los consumidores estén informados y tomen decisiones responsables de consumo.

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