El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha de este jueves incluía cuatro debates generales en el orden del día, dos de ellos relacionados con la situación del sector primario, en los que ha intervenido el consejero de Agricultura, Desarrollo Rural y Agua, Francisco Martínez Arroyo. Una de las propuestas -a petición de PSOE y Cs- fijaba la discusión en torno a las repercusiones en la agricultura de Castilla-La Mancha de la reforma de la Política Agraria Común (PAC) en el nuevo horizonte 2021-2027.
En su propuesta, Ciudadanos reclama al Gobierno de España “rechazar recortes en los pilares” de la PAC “referidos a subvenciones directas y condicionales a los propietarios de explotaciones agrícolas, así como a los fondos de desarrollo rural que han sido trascendentales en el desarrollo de nuestra región”.
Mientras, la resolución socialista aprobada -a pesar de los 10 votos en contra del PP, como en la votación de la de Cs- rechaza la primera propuesta presupuestaria de la CE, exige igualmente que no haya recortes e insta al Gobierno autonómico a fijar una posición propia -que defienda los intereses del sector en la región- con la que a su vez “participe en el diseño de una posición española consensuada con las comunidades autónomas”. Además, anima al Gobierno de España a que elimine los derechos históricos de pago, que se aplique un techo de pago de ayudas por explotación, que haya una ayuda redistributiva destinada a los profesionales del campo con especial atención a las medianas y pequeñas explotaciones y que haya inclusión de la política de igualdad de género en los objetivos de la PAC.
El otro debate sobre el sector primario ha tenido que ver con la carga impositiva a los profesionales de la agricultura y la ganadería y había sido propuesto por el Grupo de Ciudadanos. En este caso sólo ha salido adelante la resolución socialista, que pide que las ayudas para la primera instalación de jóvenes agricultores puedan “imputarse por cuartas partes, en el periodo impositivo en el que se obtengan y en los tres siguientes”; bonificar la cuota empresarial por la conversión de contratos eventuales en indefinidos o fijos-discontinuos; y mantener el sistema de tributación por módulos, “ya que es un sistema más ventajoso para los declarantes de las rentas agrarias”.
El texto aprobado con los votos de PSOE y Cs pide la reducción del índice de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del IRPF “afectadas por diversas circunstancias excepcionales” para 2019; la continuación del “compromiso de bonificaciones al gasóleo agrícola durante esta legislatura” e incrementar la dotación del Plan de Renovación del Parque Nacional de Maquinaria Agrícola.
En este punto no ha salido adelante ninguna de las dos resoluciones de los grupos de la oposición, ya que los 19 diputados y diputadas del grupo mayoritario han votado en contra.
