El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural ha trasladado este martes la postura de la región ante el reto que supone la nueva Política Agraria Común (PAC), donde Castilla-La Mancha es la primera región en contar, desde 2018, con un documento de posición común tras la interlocución con el sector. Estas medidas serán trasladas al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para que se incluyan en defensa de los intereses de la agricultura española y la castellano-manchega.
En este sentido, el consejero ha analizado la situación presupuestaria y ha mostrado en nombre del Ejecutivo regional el apoyo al Gobierno de España por la defensa de los intereses del sector, defendiendo presupuesto justo y suficiente, al menos igual que el existente en este periodo de programación.
Defensa de un presupuesto justo
En Castilla-La Mancha, ha explicado, el marco financiero de siete años de la PAC supone 6.000 millones de euros, 850 cada año de media, y “esto es lo que está en discusión y necesario mantener esa posición de defensa de un presupuesto justo, porque es la política más importante y la que contribuye a compensar a los agricultores y ganaderos por la seguridad alimentaria que ofrecen y su trabajo en defensa del medio ambiente y gestión del territorio”.
Además, ha desgranado algunos de los aspectos más relevantes de la posición de Castilla-La Mancha, como la defensa de una política fuerte con especial atención a la puesta en marcha de medidas de mercado que permita al sector autorregularse y tomar decisiones que defiendan bien los productos de agricultores y ganaderos.
Sobre este asunto, el consejero se ha mostrado partidario de una verdadera exención al cumplimento de normativa de competencia para el sector agroalimentario para que la oferta de materias primas se pueda concentran mucho más que lo que hace actualmente.
También en las ayudas directas, desde Castilla-La Mancha, ha dicho, “queremos un modelo familiar, de pequeñas y medianas explotaciones y que no desaparezca ni un solo empresario del campo de Castilla-La Mancha”, por lo que se ha mostrado crítico por las decisiones adoptadas en su día por el ex ministro Arias Cañete y Cospedal de eliminar de la PAC a aquellos agricultores que tenían derecho a recibir menos de 300 euros lo que hizo que muchas desaparecieran y “no queremos que eso suceda”.
Desde la región se apuesta por un modelo de convergencia de ayudas para que los agricultores que se dedican a actividad productiva en cualquier lugar de España cobren lo mismo por hectárea.
A esto se une el establecimiento de un techo por explotación, fomentando generación de empleo de calidad en las explotaciones y poner un pago redistributivo y que lo ahorrado de estas ayudas sirva para que los agricultores profesionales puedan tener ayuda extra, diferenciando así su compromiso respecto a los que no son profesionales.
