Piden al Ministerio de Agricultura que cambie los criterios para cuantificar importes de ecoesquemas de la PAC

Frente común desde Castilla-La Mancha

Las  organizaciones  profesionales  agrarias  de Castilla-La Mancha  (ASAJA,  UPA,  y  COAG‐CLM)  y  Cooperativas  Agro‐alimentarias  Castilla‐La  Mancha  han  fijado  su  posición  firme  y  unánime  en  contra  de  la  propuesta  del  Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación  sobre los  ecoesquemas,  que  actualmente  se  está  debatiendo con las comunidades autónomas en el marco de la arquitectura ambiental del Plan  Estratégico  de  España  para  la  próxima  Política Agraria Común (PAC).

A su juicio, la propuesta perpetua los desequilibrios territoriales entre unas regiones y otras, especialmente en aquellos ecoesquemas que afectan a los cultivos leñosos y a los herbáceos, beneficiando nuevamente a las regiones de mayor pago básico actual y alejándose de la convergencia que exigen los nuevos reglamentos de la PAC.

Ecoesquemas de cultivos leñosos 

La propuesta, fechada el 21 de julio por el Ministerio, en lo que respecta a los ecoesquemas de  cultivos  leñosos  (olivar  y  viñedo  principalmente)  denominados  “Cubiertas  vegetales  inertes  cultivos  leñosos”  o  “Cubiertas  vegetales  vivas  en  cultivos  leñosos”  se  ha  establecido  diferenciaciones de ayuda en función de la pendiente de las parcelas (para pendientes menores  del 5%, entre el 5‐10% y mayores del 10%)  que, en la práctica, supone que las parcelas con  pendiente mayor del 10% (que, por ejemplo, son  el 67,6% de la superficie de olivar andaluz  según  datos  de  su  PDR)  cobren  aproximadamente  2,4  veces  más  ayuda  que  las  de  una  pendiente del inferior al 5% (que es la práctica totalidad de la superficie de olivar de nuestra  región), baremos que no atienden al diferencial real de incremento de costes de manejo que,  teóricamente, es la base de cálculo.  

Ecoesquemas de cultivos herbáceos 

De la misma forma, en el caso de los ecoesquemas dedicados a los cultivos herbáceos, igualmente se establecen tres niveles de ayuda distintos para el mismo ecoesquema  en  función  de  si  son  tierras  de  cultivo  de  secano,  secanos  húmedos  y  tierras  de  regadío,  con  diferencias importantes en los niveles de ayuda de manera que el pago por hectárea en los secanos húmedos duplica la de los secanos, y la de los regadíos triplica la de los secanos.  

Una “territorialización a medida”

Para estas organizaciones agrarias, este diseño de los ecoesquemas presentado por el  Ministerio  supone  de  facto  una  “territorialización” hecha a medida para primar a aquellas regiones con rendimientos históricos  más elevados sobre la base de criterios como, por ejemplo, la “pendiente” que se ha moldeado  interesadamente  en  tres  tramos  que  pretenden  que  cobren  un  mayor  importe  de  ayuda  regiones concretas sin tener en cuenta estudios agronómicos y de caracterización del olivar que  justificarían un único tramo diferencial del 20% de pendiente a partir del cual la mecanización  es sumamente dificultosa y a partir del cual está más justificada la diferenciación de la ayuda, y  obviando otros criterios agronómicos como el nivel pluviométrico o el marco de plantación. 

Las cuatro organizaciones instan al Ministerio a que cumpla con el mandado de los reglamentos  europeos que exigen a los estados miembros una convergencia real y efectiva en los pagos del  primer pilar, objetivo que no se cumplirá con el diseño de la actual propuesta que mantiene 20  regiones de pago básico que convergerán internamente entre cada una de ellas, pero no entre  todas  ellas,  como  sería  lo  lógico.

Convergencia

Convergencia  que, igualmente,  debe  afectar  a  una  parte importante del presupuesto destinado a los ecoesquemas (23%) que no pueden perpetuar las  desigualdades  que  vienen  sufriendo  históricamente  regiones  como  Castilla‐La Mancha en el  reparto  de las ayudas;  una  región en la  que el  sector agroalimentario es  su  principal motor  económico y en el que las zonas rurales más deprimidas y con mayor riesgo de despoblación  seguirán siendo altamente perjudicadas en el reparto de los fondos, limitando así su viabilidad  económica futura.  

 

 

 

 

 

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