La organización conservacionista WWF informa que el Tribunal de Cuentas de la UE destaca en su nuevo informe que las medidas de apoyo a la agricultura de regadío incrementan el estrés hídrico, incluso aquellas enfocadas al ahorro de agua, como la modernización de los regadíos, y destaca el apoyo a cultivos leñosos, como olivar y viñedo, que ya se riegan como frutas y hortalizas.
WWF se ha dirigido por carta al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y a la Vicepresidenta Teresa Ribera, ambos competentes en la materia, advirtiendo de que este incremento de consumo de agua por parte del regadío ya tiene un impacto directo sobre la salud de ríos y acuíferos, por lo que España incumpliría la Directiva Marco del Agua, con riesgo de fuertes sanciones y para el futuro de la propia agricultura.
WWF España ha venido denunciando durante estos años el efecto de las políticas de apoyo al regadío sobre los ríos, humedales y acuíferos, especialmente los protegidos por normas europeas, que constituyen masas de aguas cuyo estado hay que mejorar por mandato de la Directiva Marco del Agua (DMA). Ahora, el Tribunal de Cuentas Europeo lo confirma en su nuevo informe y destaca la perversión que suponen los subsidios al regadío, que se han aplicado fundamentalmente en las zonas de mayor escasez de la Europa mediterránea, como es el caso de España.
Afirman que “las políticas agrarias inadecuadas han supuesto un incentivo al crecimiento del regadío de un 11% desde 2008 en España, en un sector que consume el 79% del agua del país. Esto dificulta el objetivo de alcanzar el buen estado de las masas de agua antes de 2027, como exige la DMA”. Añaden que España ya cuenta con una sanción europea multimillonaria por incumplimiento de la Directiva sobre Aguas Residuales y podría ocurrir algo similar con la DMA, pues más del 40% de las masas de agua tienen problemas por sobrextracción de agua de origen agrario.
Modernización del regadío
El Tribunal de Cuentas Europeo señala el impacto negativo de ciertas medidas, como la modernización del regadío, ya que según afirma “las mejoras en eficiencia no siempre se traducen en un ahorro general de agua, ya que el agua ahorrada puede redirigirse a otros usos, como por ejemplo cultivos más intensivos en agua o el riego de una superficie mayor. Es el denominado “efecto rebote”. Al tiempo puede reducir el retorno del agua superficial a los ríos, lo que disminuye los caudales permanentes que son beneficiosos para los usuarios intermedios y los ecosistemas sensibles”. El informe critica que los requisitos a las ayudas al regadío contempladas en el actual reglamento de la Política Agraria Común (PAC) en su artículo 46 han facilitado este “efecto rebote”, al no exigir suficiente ahorro en las modernizaciones como para compensarlo y evitar el déficit sobre las cuencas hidrográficas.
Castilla-La Mancha
El informe también pone el acento en el insuficiente control sobre el uso legal del agua. Los Estados miembros no verifican suficientemente el cumplimiento de las condiciones medioambientales vinculadas a la financiación del desarrollo rural y el apoyo al mercado. Y destaca el caso de la región de Castilla-La Mancha, donde se encuentran los acuíferos más sobreexplotados de Europa y que presenta el mayor porcentaje de incumplimiento de la condicionalidad ligada al agua (23%), muy por encima de la media europea.
Además, señala como España es el país con el mayor porcentaje de ayudas asociadas a determinados cultivos intensivos en agua, las cuales han favorecido su consumo en las regiones con mayor riesgo hídrico.
Las recomendaciones del Tribunal de Cuentas, reclamadas también por WWF, exigen que los Estados miembros justifiquen los niveles de los precios del agua y las exenciones de los requisitos para la autorización de captación de aguas cuando se apoye a la DMA mediante la política agraria. Igualmente, que se vinculen los pagos de la PAC a normas medioambientales sobre el uso realmente sostenible del agua y se vele porque los proyectos financiados por la UE contribuyan a lograr los objetivos de la DMA de forma real.
WWF España ha mostrado su enorme preocupación por la ingente cantidad de fondos previstos en el Plan de Recuperación, Transición y Resiliencia del Gobierno para la modernización de regadíos y considera que la partida de 563 millones de euros, contemplada por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, supone un riesgo extraordinario y debe estar estrictamente condicionada al cumplimiento demostrable de los objetivos de contribución a la reducción de la presión de extracción sobre los recursos hídricos, de las cuencas hidrográficas, que exige la Comisión Europea.
Juan Carlos del Olmo, secretario general de WWF España, ha declarado “La política de regadíos de nuestro país nos lleva al suicidio hídrico. Es imprescindible un Plan Nacional de Regadíos realista con la crisis climática.
Además, -añade- la nueva PAC debe reconfigurarse totalmente para asegurar que no se destina ni un euro de dinero público europeo a regadíos ilegales, y ofrecer mayor apoyo a la agricultura de secano, la extensión de buenas prácticas y últimas tecnologías para un uso sostenible del agua en los regadíos, así como incluir condicionantes claros a las inversiones en modernización, que aseguren su contribución al buen estado de ríos y acuíferos”.
