El pleno de la Asamblea de Extremadura ha aprobado este miércoles por unanimidad instar al Gobierno para que se exija a la Confederación Hidrográfica del Guadiana (CHG) que agilice la tramitación de los casi 6.000 expedientes de concesión de pozos que tiene pendientes, algunos desde 2004.
La propuesta de pronunciamiento ha sido registrada por el Grupo de Ciudadanos, cuyo portavoz, Fernando Baselga, ha asegurado que la paralización de estos expedientes es «una auténtica vergüenza» y ponen en peligro que los agricultores puedan recibir incluso ayudas de la Política Agraria Común (PAC).
A su juicio, la Junta de Extremadura no se puede amparar en que no es una cuestión de su competencia para hacer esta exigencia al Gobierno central, y ha añadido que este atasco conlleva que haya «miles de pozos ilegales», ya que el agricultor muchas veces opta por o pedir autorización.
En este mismo sentido se ha expresado el portavoz del PP, Bibiano Serrano, que ha calificado el retraso de «insulto a la inteligencia» que impide el desarrollo de la actividad económica en zonas rurales, «aunque después se les llene la boca de hablar de la despoblación y la España vaciada».
«Todos los días se ponen palos en las ruedas», ha señalado el portavoz del PP, que ha coincidido con la de Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, en criticar el papel de las confederaciones hidrográficas, a las que se ha referido como «monstruos burocráticos».
Por su parte, Irene de Miguel, se ha referido a que estos retrasos hacen peligrar los proyectos y ha propuesto avanzar hacia una mejor gestión en el aprovechamiento de las aguas subterráneas y a «dar la vuelta como a un calcetín» a las confederaciones.
La iniciativa también ha contado con apoyo del Grupo Socialista, cuyo portavoz, Carlos Labrador, ha recordado, no obstante, que ese retraso no solo responsabilidad de los actuales responsables, sino que viene de atrás.
En la sesión de este miércoles, el pleno ha rechazado, con los votos de la mayoría socialista y la abstención de UPE, una propuesta de impulso del PP, apoyada por Ciudadanos, en la que pedían a la Junta que devolviese de oficio y con carácter inmediato los importes satisfechos indebidamente en concepto del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (ITPAJD) por el cónyuge del titular de una explotación agraria.
Según el portavoz del PP, Luis Alfonso Hernández Carrón, el único objetivo de la Junta con este impuesto responde «a su voracidad recaudatoria». EFEAGRO
