El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha presentado este martes al Consejo de Ministros el Plan Estratégico para la aplicación de la Política Agraria Común (PAC) en España a partir del año 2023 que el Gobierno va a remitir el miércoles a la Comisión Europea para su aprobación, cumpliendo así lo establecido en los nuevos reglamentos.
Planas ha destacado que el plan está “suficientemente dotado para afrontar los grandes retos del sector”, con 47.724 millones de euros, que superarán los 50.000 si se suman las aportaciones estatal y autonómica para cofinanciar medidas de desarrollo rural. El Consejo de Ministros ha aprobado además un anteproyecto de ley con el objetivo de diseñar un sistema eficaz de gestión de esta política.
El ministro ha destacado que se ha conseguido articular “un plan estratégico nacional del conjunto de España”, que es fruto del consenso entre las comunidades autónomas y que refleja la diversidad agronómica de un país que ofrece una variedad de modelos desde los cultivos continentales del norte hasta las producciones subtropicales del sur.
Una versión inicial del Plan Estratégico está disponible desde el día 30 de noviembre en la web del ministerio para consulta de todos los interesados, en el marco de la Evaluación Ambiental Estratégica. Tras los ajustes que puedan derivarse de todas las observaciones y alegaciones recibidas en el marco de la fase de Información Pública y de evaluación ambiental y de las propias observaciones de la Comisión, España propondrá un texto definitivo del Plan Estratégico. Se prevé que la Comisión lo apruebe a finales del primer semestre de 2022, para que sea de aplicación a partir del 1 de enero de 2023.
Cambio sustancial en la PAC
El nuevo reglamento europeo supone un cambio sustancial en la PAC, que pasa de ser una política basada en la descripción de los requisitos que deben cumplir los beneficiarios finales de las ayudas, a una política basada en la planificación estratégica. Ahora se orienta a la consecución de resultados concretos vinculados a unos objetivos comunes para toda la Unión Europea pero traducidos en las necesidades específicas de cada estado identificadas en la fase de diagnóstico.
La PAC acompañará de forma particular a las explotaciones pequeñas y medianas haciendo uso de todas las medidas de redistribución a su alcance. Entre ellas, la limitación (“capping”) y reducción de la ayuda básica, que fijará el importe máximo de los pagos a 100.000 euros y prevé una reducción progresiva cuando supere los 60.000 euros. No obstante, para evitar distorsiones de empleo, se podrán descontar los costes salariales y laborales, en cualquier caso, ninguna explotación cobrará más de 200.000 euros de ayuda básica a la renta. También recoge el pago redistributivo de la ayuda a explotaciones de mayor tamaño a las pequeñas y medianas.
Además, el plan incluye otros aspectos especialmente relevantes en España como son la reducción de la brecha de género y el apoyo al relevo generacional, ya que como ha señalado el ministro está previsto que en la próxima década se jubilen las dos terceras partes de los agricultores en activo. Por ello ha destacado que habrá primas de hasta un 15% de las ayudas para la incorporación de jóvenes agricultoras y ganaderas. El ministro ha enfatizado que España ha sido pionera en proponer que la igualdad de género se recogiera como uno de los objetivos de la PAC.
Además, por primera vez se incorpora a la PAC la dimensión social y España, atendiendo a la importancia en el sector de la presencia de asalariados, pretende hacerlo desde el año 2024, un año antes de lo previsto como obligatorio en el reglamento.
El ministro ha resaltado también que la nueva PAC fomenta la innovación y la digitalización del sector agrario, lo que redundará en una mejora de la rentabilidad de las explotaciones. El ministro ha recordado que, aunque España es uno de los principales perceptores de ayudas de la PAC, el apoyo representa el 20% de la renta de los agricultores y ganaderos, cuando en otros países llega al 30%.
Ley de gestión de la PAC
El Consejo de Ministros ha aprobado también un anteproyecto de ley que establece las normas para la aplicación y gestión de la nueva Política Agraria Común (PAC) en España, con el objetivo de posibilitar una aplicación homogénea de ésta en todo el territorio nacional.
