El Consejo de Ministros ha aprobado el Plan Estratégico de España de la Política Agraria Común (PEPAC) para el periodo 2023-2027. El texto, que actualmente está en consulta pública, tiene, según fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, el objetivo de ser una política agraria “más justa y más verde” y, sin embargo, para la coalición Por Otra PAC, refleja una “escasa ambición socioambiental”.
Por ello, recientemente nuevas entidades, como Bandera Negra por el Mar Menor, Triodos Bank España, Fundación Ecoanime, Plant on Demand y Neo Agri, entre otras muchas, se han sumado a la carta que pide a los dirigentes una PAC que esté a la altura de los grandes desafíos a los que se enfrenta. En total, 100 organizaciones reclaman medidas ambiciosas capaces de luchar contra el despoblamiento rural, la crisis climática y de biodiversidad, o la pandemia y el riesgo creciente de nuevas zoonosis.
La misiva fue enviada en julio de este año a cinco ministerios -los de Agricultura, Pesca y Alimentación; Transición Ecológica y Reto Demográfico; Sanidad, Consumo y Bienestar Social; y Agenda 2030- y a las consejerías de agricultura de las comunidades autónomas.
La carta contiene un conjunto de propuestas técnicas que deben ser consideradas para que la PAC retome la senda de la transición agroecológica y social. También, denuncia la “falta de transparencia deliberada” en el actual proceso de elaboración del PEPAC.
Propuestas
Entre las propuestas destacan:
-Alineación con las recomendaciones del Pacto Verde Europeo, en concreto, con los objetivos de las Estrategias “De la Granja a la Mesa” y “Biodiversidad 2030”, en relación a plaguicidas, fertilizantes, antimicrobianos, agricultura ecológica y características del paisaje.
-La aplicación de una condicionalidad social y ambiental realmente reforzada, lo que implica que debe aplicarse desde 2023 y a todos los perceptores de cualquier ayuda de la PAC.
-Un pago básico que apoye a las fincas de mayor valor socio-ambiental (como las dedicadas a la ganadería extensiva y al pastoreo, la producción ecológica y las ubicadas en la Red Natura 2000). Además, se deben utilizar otros instrumentos de la PAC como el capping, la figura de agricultor genuino y el pago redistributivo para asegurar el mantenimiento de las buenas prácticas a través de una renta y condiciones de trabajo dignas.
-Una propuesta de ecoesquemas que excluya medidas sin objetivos ambientales ambiciosos e, incluso, perjudiciales. Esto implica la retirada del ecoesquema de “agricultura de conservación”, por su uso de herbicidas (glifosato y otros fitosanitarios que han demostrado ser perjudiciales para la salud).
-La supresión de todos los subsidios perversos que apoyan a producciones agrarias con un elevado coste social, ambiental y sanitario para el medio rural, como son la ganadería industrial, la concentración parcelaria y la transformación a sistemas intensivos de regadíos en zonas que ya sufren escasez de agua, entre otros.
-La creación del Comité de Seguimiento de la PAC, con un sistema de evaluación robusto.
