Castilla-La Mancha aboga por la aplicación “cuanto antes” de la condicionalidad social que por primera vez se incluye en la nueva Política Agraria Común (PAC), que entra en vigor en enero de 2023, y así, “desterrar del campo” a aquellos empresarios que no cumplen con los trabajadores.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, así lo ha afirmado tras el encuentro mantenido este lunes en Toledo con el secretario general de CCOO de Industria Castilla-La Mancha, Ángel León.
Martínez Arroyo ha destacado que en Castilla-La Mancha “la inmensa mayoría de agricultores y ganaderos cumple con la normativa laboral” y son ellos mismos los que quieren que la imagen del sector sea la de un sector “comprometido, cumplidor y referente a nivel nacional y europeo en todos los ámbitos y, también, en el laboral”.
El consejero ha recordado que la condicionalidad social era una de las demandas que se realizaba por parte de Castilla-La Mancha en las negociaciones de la nueva PAC. Así, por primera vez en la historia, se ha incorporado esta “exigencia”, que supondrá que para que los agricultores y ganaderos cobren estas ayudas, cumpla con la normativa laboral en vigor.
De esta forma, ha aludido Martínez Arroyo, se garantiza un “futuro distinto” para el primer eslabón de la cadena agroalimentaria, el trabajador, que es gracias al que se sacan cada año adelante las campañas y que son “esenciales” para un sector que es “imprescindible” desde el punto de vista económico y generador de empleo, a la vez que fundamental para el desarrollo rural y que contribuye a fijar población al territorio.
Datos de empleo agrario
El consejero se ha referido además a que en el encuentro con CCOO se han analizado los datos de la afiliación a la seguridad social en la rama agraria.
De esta manera, actualmente se cuenta con alrededor 64.000 afiliados más que el año pasado, y en cuanto a empleo, el dato conocido de diciembre de 2021 supone el mejor de la serie histórica, con 15.000 desempleados menos que en diciembre de 2014.
Esto significa, ha explicado el consejero, que la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), tan criticada, no ha supuesto una pérdida en sector agrario, sino todo lo contrario, porque hoy los trabajadores “gozan de más derechos, mejor salario y están trabajando mayoritariamente en Castilla-La Mancha”, ha finalizado.
