Cocampo ha organizado este jueves un debate online con los responsables de las organizaciones agrarias que integran el ‘20M Rural’ para dar visibilizar los problemas que sufre el campo español, así como las soluciones y alternativas que plantean las organizaciones del sector.
“Nos parece imprescindible que el mensaje del ‘20M Rural’, exigiendo que se escuche la voz del campo en la toma de decisiones, llegue a las instituciones y a la sociedad”, ha señalado en el inicio Regino Coca, CEO y fundador de Cocampo.
El evento, moderado por Laura Cristóbal, directora general de Efeagro, ha comenzado con la intervención de Juan José Álvarez, de ASAJA, que decía estar “harto de los ataques que se hacen incluso desde el propio Gobierno y que hacen mucho daño al sector”. “El mundo ecologista se interpreta desde las ciudades y no se entiende ni el campo, ni la agricultura, ni la ganadería, ni la caza”, señalaba el director general de ASAJA.
Desde COAG, Andoni García, responsable de Organización, ponía el foco en la pérdida de soberanía alimentaria de la Política Agrícola Común (PAC) y la capacidad de decidir sobre los mercados, así como en la falta de jóvenes: “Hacen falta planes de incorporación de jóvenes. Cada año, se necesitan 20.000 nuevos agricultores para mantener a los pueblos con vida”.
“Estamos en el momento de repensar la nueva PAC”, afirmaba Marcos Alarcón, secretario de organización de UPA, quien también reclamaba un plan de choque, la aplicación de la Ley de la Cadena Alimentaria y unas relaciones comerciales basadas en la reciprocidad y en las relaciones justas.
Por su parte, el director general de Cooperativas Agro-alimentarias, Agustín Herrero, ha incidido en la necesidad de unos precios justos: “Toda actividad económica necesita ser retribuida adecuadamente. Alimentos según el modelo europeo de producción, el más exigente del mundo. La sociedad no lo valora. No es posible un cambio de modelo productivo como pretende el Pacto Verde si no somos capaces de sostener la actividad económica de las explotaciones”.
Para, Andrés del Campo, presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes de España (Fenacore): “Los Planes hidrológicos pecan de excesivo ambientalismo. El Ministerio para la Transición Ecológica se olvida de la satisfacción de las demandas y establece caudales ecológicos en detrimento de los propios regantes haciendo unos cálculos con métodos muy subjetivos. En cuanto a los costes de la energía pedimos que se establezca la doble tarifa y se desarrolle la ley de la sequía donde esto se contempla”.
“La intolerancia nos ha hecho unirnos. El mundo ecologista se interpreta desde las ciudades y no se entiende ni el campo, ni la agricultura, ni la ganadería ni la caza. Se regula desde la incomprensión más absoluta y un ejemplo es la prohibición de la caza en los Parques Nacionales, que va a suponer que nos quedemos sin flora ni fauna en estos espacios”, resume Felipe Vegue, presidente de la Oficina Nacional de la Caza (ONC).
Soluciones
“Nos olvidamos que vamos hacia una población mundial creciente y que es necesario aumentar la productividad. Sin embargo, en Europa se prioriza el cuidado del medioambiente a costa de disminuir la producción. La solución es la agricultura de regadío y la biotecnología. Una hectárea de regadío produce como 6 de secano o como 40 si se hace de forma intensiva. Con biotecnología, además, se usan menos fertilizantes y menos tierra”, proponía el presidente de FENACORE.
El representante de COAG ha planteado una batería de soluciones que van desde la “intervención clara en los mercados frente a la especulación en la energía y en el resto de costes de producción” a la necesidad de que la Ley de Cadena Alimentaria contemple la publicación de índices de precios y de costes en la cadena de valor. Además, ha pedido “medidas de choque como la bonificación de la factura del gasóleo y de fertilizantes o la reducción de tarifas eléctricas que están ahogando al mundo rural” y “relaciones comerciales basadas en reciprocidad”.
También ha alertado del riesgo de la “uberización del campo” denunciando que “»el 6% de empresas agrarias acaparan ya el 42% del valor de la producción final agraria” y de la necesidad “ahora patente por la guerra, de asegurar la soberanía alimentaria”.
Finalmente, UPA ha destacado la necesidad de “proteger a los medianos y pequeños agricultores” y ha propuesto “repensar la nueva PAC”.
“La situación con la invasión a Ucrania ha alterado el mercado de materias primas y energías y esta situación, aunque acabe la guerra, se va a prolongar. Europa quiere una agricultura diferenciada pero debe hacerlo asegurando la producción. Para ello debe repensar las prioridades y cómo reparte los incentivos. No podemos hacerlos con un instrumento que ya no responde a la realidad”, ha afirmado.
