Las primeras estimaciones de LA UNIÓ de Llauradors prevén una campaña de uva de vinificación en el conjunto de zonas productoras de la Comunitat Valenciana “bastante mala” pues a las perspectivas de una reducción de cosecha del 30% hay que sumar el “brutal” incremento de los costes de producción. El problema es que las cosechas a la baja se arrastran ya desde hace más de tres campañas.
En cuanto a los precios percibidos por el productor existen pocas operaciones y las que hay son para variedades blancas, con horquillas de entre 0,15 y 0,18 €/kg, ligeramente superiores en un 7% a los de la pasada campaña, pero “totalmente insuficientes”, denuncian desde el sindicato agrario.
Este pequeño incremento del precio medio no va a compensar, ni de lejos, la importante reducción de cosecha, por lo que un simple cálculo elaborado por los servicios técnicos de LA UNIÓ da como resultado que los ingresos de los productores disminuirán en más de 11 millones de euros sobre la campaña pasada.
En este sentido el precio medio percibido por los productores valencianos de uva de vino es el más bajo de España y se sitúa un 33% por debajo de un productor catalán o un 95% menos de lo que percibirá un extremeño.
Comparado con los modelos comerciales de otras comunidades autónomas, las diferencias son aún más abismales, Así por ejemplo respecto de un productor riojano o castellanoleonés, los valencianos recibirán esta campaña un 79% menos o si los comparamos con los gallegos esta diferencia se incrementa hasta el 90%.
En relación con los costes de producción, un reciente estudio de LA UNIÓ cifraba los mismos en la Comunitat Valenciana durante esta campaña en 0,36 €/kg. Con estos datos los productores valencianos pierden un poco más de 800 € por Ha, lo que hace que “se hayan convertido, de facto, en jornaleros de sus explotaciones y los ingresos que generan son derivados de su trabajo directo y no de su actividad como empresario”.
Luis Javier Navarro, vicesecretario general de LA UNIÓ de Llauradors, indica que “la Ley de la Cadena Alimentaria está para cumplirse y no es de recibo que los agricultores percibamos precios, tras el sudor y el esfuerzo de todo el año, por debajo de lo que nos cuesta producir. Tenemos que acabar ya con esta situación que no sucede en ningún otro sector más que en el agrario y exigir un precio justo”.
En este sentido, desde LA UNIÓ se hace un llamamiento a los viticultores a formalizar contratos por escrito de compraventa de uva con el establecimiento de calidades, precios y condiciones concretas, e informa de la obligación de las bodegas de pagar las uvas a los viticultores a 30 días según la actual ley de morosidad, independientemente de la fecha de calificación del vino por una Denominación de Origen.
