Durante los trabajos de la ponencia del Proyecto de ley por la que se regula el sistema de gestión de la Política Agrícola Común (PAC), el PDeCAT, junto a Ciudadanos, ha logrado incorporar una enmienda transaccional (votada por mayoría en el Congreso de los Diputados) al texto legislativo para revertir la prohibición de la quema de residuos vegetales en el entorno agrario que establece la Ley de residuos y suelos contaminados vigente desde el pasado mes de abril.
En concreto, esta enmienda suprime el apartado 3 del artículo 27 de la ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y se ha incorporado a la ponencia por mayoría.
Dicho artículo recogía que “con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional, y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, o, en entornos silvícolas, con el objeto de prevenir los incendios forestales cuando no pueda accederse para su retirada y posterior gestión, en aplicación de la exclusión prevista en el artículo 3.2.e). Los residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola que no queden excluidos del ámbito de aplicación de esta ley de acuerdo con el artículo 3.2.e), deberán gestionarse conforme a lo previsto en esta ley, en especial la jerarquía de residuos, priorizando su reciclado mediante el tratamiento biológico de la materia orgánica”.
La diputada del PDeCAT adscrita a la Comisión de Agricultura, Concep Cañadell, ha afirmado que esta prohibición de quema de restos vegetales agrarios “representaba un sobrecoste sobrevenido e inaceptable para la economía de muchas familias catalanas que viven del campo”.
En este sentido, la diputada ha señalado que la obligatoriedad de eliminar estos materiales mediante los procesos previstos en la citada ley “obligaba a las explotaciones agrarias a costosas inversiones de tratamiento biológico, muy difíciles de afrontar en la actual situación de sequía, encarecimiento de inputs y la situación internacional”.
De hecho, el tratamiento biológico en grandes volúmenes puede suponer un incremento de costes entre 1.000 y 1.500 euros por hectárea. Por ejemplo, en el sector frutícola, hay parte de la poda que se tritura para hacer compost, como establece la nueva ley de residuos, pero este procedimiento no se utiliza en el caso de grandes volúmenes de restos vegetales, como en la sustitución de árboles frutales.
Por eso, Cañadell se ha mostrado muy satisfecha por haber logrado esta reivindicación de la mayoría de las organizaciones agrarias catalanas. «Gracias a esta enmienda del PDeCAT, ayudamos de forma directa a nuestros campesinos en un año que ha sido especialmente complicado para muchas cosechas» ha añadido, recordando que, además, hasta ahora se arriesgaban a multas de entre 2.000 y 100.000 euros si no cumplían con la normativa.
Asimismo, Cañadell ha agradecido el apoyo mayoritario de los miembros de la ponencia de las diferentes formaciones políticas, «por haber sido sensibles a un problema sobrevenido en momentos de muchísima dificultad por el campo».
La incorporación de esta enmienda beneficiará a más de 900.000 explotaciones agrarias de toda España, del orden de 12 millones de hectáreas de superficie arable de cultivos herbáceos y casi cinco millones de hectáreas de cultivos permanentes y leñosos.
