La nueva Política Agraria Común (PAC) entrará en vigor el próximo 1 de enero y marcará un cambio importante en la regulación del campo español y del resto de la Unión Europea (UE) con muchos interrogantes, acentuados por la crisis energética y alimentaria a causa de la guerra de Ucrania.
Los agricultores y ganaderos y sus administraciones ultiman los preparativos para «estrenar» una PAC vigente entre 2023 y 2027, que tiene como novedades un incremento de los objetivos medioambientales y un diseño que da más responsabilidad a los Gobiernos al decidir el destino de las ayudas con los planes estratégicos nacionales.
Ratificada a finales de 2021, se considera la segunda reforma de la PAC más profunda de sus 60 años de historia y la más ambiciosa en cuanto a objetivos verdes, pero llega tras un año de transición especialmente duro por un panorama inédito que ha derivado en una coyuntura de inflación.
Estas son las pistas para comprender su alcance:
Presupuesto y beneficiados
La PAC afecta a diez millones de empresas en la UE y a unos 700.000 productores españoles; según el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) 630.000 agricultores y ganaderos podrán cobrar las ayudas.
Su presupuesto es de 307.000 millones de euros, 268.000 de los fondos comunitarios, a los que se suma la aportación de los países; España percibirá más de 47.000 millones; según el MAPA, los productores recibirán 7.150 millones de euros anuales.
España, donde las subvenciones suponen el 20 % de los ingresos agrarios, será el tercer beneficiado por la PAC, detrás de Francia y de Alemania.
Esta política también incluye el programa Posei para Canarias y el programa del consumo de frutas o leche en las escuelas.
La PAC tiene dos pilares, el primer pilar de apoyos directos y medidas de mercado, y el segundo, dedicado al desarrollo rural, con programas cofinanciados por los Estados miembros para potenciar en el campo actividades distintas o complementarias a la agricultura.
Cambios principales
La reforma introduce los «eco-regímenes», lo que significa que el 25 % de las ayudas serán para un conjunto de prácticas beneficiosas para el medio ambiente.
Implanta los planes estratégicos nacionales, en los que los Gobiernos tendrán mayor responsabilidad en la gestión de la PAC.
Entre las prácticas ambientales que se priman figuran la rotación de cultivos y las obligaciones de barbecho, ahora interrumpidas, dentro de las medidas especiales en reacción a la invasión rusa y a las estrecheces de oferta.
La nueva PAC incluye un pago redistributivo para las pymes agrícolas con el propósito de que las subvenciones sean más justas.
Establece la condicionalidad social de las ayudas, es decir que de forma voluntaria en 2023 y obligatoria en 2025, las subvenciones estarán vinculadas al respeto a los derechos laborales; España la aplicará en 2024.
El plazo de presentación de la solicitud única de las ayudas para 2023 se retrasa respecto a un año habitual, ya que se abrirá desde el 1 de marzo hasta el 31 de mayo.
Versión española
El plan español recoge que de los fondos anuales para la PAC habrá 4.800 millones para ayudas directas, 700 millones para medidas de mercado y 1.700 millones para desarrollo rural, más 700 millones para sectores en dificultad -ganadería extensiva, remolacha, arroz o la uva pasa-.
En el programa español hay más ayudas para jóvenes, una prima del 15 % para las mujeres que se incorporen a la actividad e intervenciones por 612 millones de euros, con programas para las frutas y hortalizas, el vino, la apicultura y, por primera vez, el olivar extensivo.
El Congreso de los Diputados ha ratificado el proyecto de ley que regula la gestión de la nueva PAC y que se complementa con 18 decretos, de los que falta una decena por publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Reacciones
La nueva PAC llega en un momento muy difícil y hasta lo han reconocido la propia CE o el Gobierno español, si bien las organizaciones agrarias son más beligerantes en sus críticas porque creen que no es el momento para elevar los requisitos ambientales, lo que también relacionan con otra propuesta, la del Pacto Verde europeo.
Entre las críticas figuran la «complicación» y lo «farragoso» de los eco-regímenes, la falta de protección frente a la competencia de países terceros o, como argumentan las cooperativas, la ausencia de mecanismos de mercado frente a la volatilidad de los precios o a las crisis internacionales. Mercedes Salas (EFEAGRO).
