ASAJA Cádiz ha hecho balance agropecuario del 2022, al que el presidente, Pedro Gallardo, y el vicepresidente, Antonio de León Bohórquez, ha calificado de “un año muy complicado para el sector.
Sobre la nueva Política Agraria Común (PAC), que entró en vigor el 1 de enero, Gallardo lamenta que “se implementará con el partido empezado, ya que no hemos tenido acceso a los reglamentos si bien las decisiones de siembra y decisiones empresariales comenzaron a final de verano, por tanto, nos encontramos con una PAC a ciegas, con mucha incertidumbre y con una total opacidad”.
Recuerda que España fue uno de los siete primeros países en enviar a Bruselas el Plan Estratégico Nacional de la PAC (PEPAC), que se envió “sin haber respetado algunos plazos ni haber cumplido los requisitos de transparencia a los que obligan los reglamentos comunitarios ni la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, no entendemos esas prisas cuando muchos de los países enviaron su PEPAC tras el verano”.
Añade que nuestro PEPAC se envió sin haberlo consensuado con el sector; “aquí solo se ha escuchado a algunas Comunidades Autónomas ya que tampoco se consensuado con todas ellas”.
Además, “recoge medidas en las que nunca hemos estado de acuerdo por cuestión de rentabilidad empresarial como es la degresividad en las ayudas y como ha sido el techo de las ayudas o capping y el supercapping que será España el único país que lo implemente en su PAC”, afirma el representante agrario gaditano.
Eco regímenes
Pedro Gallardo indica que “además todo se agrava con la aplicación de los eco regímenes que pretenden sustituir a lo que hoy es el pago verde, que desaparece, nos dicen que los eco regímenes serán voluntarios, pero ¿quién puede no solicitar un pago que supone el 25% del presupuesto?”.
Además, “no sabemos sus importes ni si quiera a día de hoy, porque dependerá de cuanta superficie se acoja a un eco régimen y cuanta superficie nueva entre en el sistema. Analizados muchos de los eco regímenes y el pago verde observamos que muchos de los eco regímenes suponen un 50% menos de ayudas respecto a lo que era el pago verde, se podrían perder fondos de más del 50% en muchas de nuestras comarcas, más obligaciones, más burocracia y menos producciones.
