La propuesta de la ponente del Parlamento Europeo que lidera los planes de la Unión Europea (UE) para recortar el uso y el riesgo de los productos fitosanitarios antes de 2030 es establecer un impuesto nacional “basado en el riesgo” de los pesticidas para financiar alternativas más sostenibles.
El borrador filtrado del documento impulsado por la eurodiputada verde austriaca y relatora del Parlamento Europeo sobre el expediente, Sarah Weiner, señala que la reducción obligatoria tanto del uso como del riesgo de pesticidas se asociará a “costes y cargas administrativas considerables para los Estados miembros”, incluyendo el apoyo a los agricultores, la formación y el pago de asesores.
En el contexto actual, la Comisión ha sugerido que la financiación necesaria para esta propuesta provenga totalmente de la Política Agrícola Común (PAC).
Sin embargo, el esquema actual de subsidios agrícolas de la UE no permite el desembolso de fondos cuando se trata de requisitos obligatorios como los establecidos en las nuevas reglas de la UE propuestas sobre pesticidas y dedicadas a la Gestión Integrada de Plagas (GIP).
Por este motivo, en julio, la Comisión propuso una enmienda sin precedentes a la PAC para hacer que la financiación de la GIP sea parte de los gastos de la PAC durante cinco años, aunque esto no suponga más dinero fresco desde una perspectiva práctica.
La GIP es una estrategia basada en el ecosistema que se centra en la prevención a largo plazo de las plagas y de sus daños mediante una combinación de técnicas aplicadas en orden jerárquico para minimizar el uso de productos fitosanitarios químicos lo máximo posible.
Aunque la aplicación de los principios de la GIP ya es una parte obligatoria de la regulación sobre el uso sostenible de plaguicidas (SUR, por sus siglas en inglés), las acciones para la gestión integrada de plagas han sido lentas y ha faltado mucho apoyo, según el Tribunal de Cuentas de la UE, que concluyó en febrero de 2020 que el progreso había sido limitado en la medición y la reducción de los riesgos asociados.
La propuesta de Wiener
El informe de Wiener destaca que las acciones requeridas para reducir el uso de pesticidas “pueden no estar suficientemente cubiertas por el gasto de la PAC”, y que “se necesitan soluciones alternativas”.
Por ello, un presupuesto financiero suficiente es “crucial para la implementación del SUR”, según el borrador de la propuesta, que sugiere que los países de la UE introduzcan impuestos basados en el riesgo de los productos fitosanitarios, mediante contribuciones de los comerciantes o multas para garantizar que las autoridades competentes tengan a su disposición “los recursos financieros adecuados”.
Este impuesto sobre los pesticidas se incorporaría luego a un fondo estatal que podría usarse para “fomentar la implementación y la adopción del manejo integrado de plagas y hacer que las medidas relacionadas sean más atractivas para los agricultores” como, por ejemplo, proporcionando compensaciones en caso de pérdida comprobada de ingresos.
El informe asegura que la creación de dicho fondo “conduciría automáticamente a una reducción en el uso de pesticidas” al tiempo que proporcionaría también fondos para implementar la regulación y compensar de manera adecuada a los agricultores.
El informe añade que el principio de “quien contamina paga” debería igualmente integrarse en las medidas fiscales, en línea con los llamamientos de los ciudadanos de la UE.
Modelos en la UE
El borrador del documento señala que diversos Estados miembros ya han establecido impuestos sobre los pesticidas.
El concepto de este nuevo impuesto en toda la UE está inspirado en el modelo fiscal danés, que un estudio reciente de Nature calificó de “ejemplo exitoso” por tratarse de un impuesto a los pesticidas que redujo la carga total de pesticidas en el país en un 18 % desde los años anteriores a la introducción del impuesto (2012-2013) hasta el periodo 2016-2017.
Para evitar la distorsión del mercado interno, la relatora propone que se armonicen las normas sobre la fiscalidad de los pesticidas para ayudar a recaudar fondos para la aplicación del reglamento, así como para ofrecer la posibilidad de compensar a los agricultores.
Para ello, la ponente ha instado a la Comisión a presentar un “informe que analice las diferentes opciones de introducir impuestos o tasas sobre los pesticidas basados en el riesgo en todos los Estados miembros de la UE o a nivel de la UE, y hacer el seguimiento con una propuesta legislativa”.
Es probable que el informe experimente una serie de cambios en el proceso de encontrar compromisos entre los diferentes grupos políticos y comités parlamentarios, pero da una idea del pensamiento actual del Parlamento y de cuál puede ser su posición en las conversaciones con la Comisión y con los Estados miembros.
Para sellar un acuerdo de compromiso final, el Parlamento Europeo tendrá que entablar negociaciones con los ministros de la UE, que recientemente impulsaron una evaluación de impacto adicional en medio de la preocupación sobre la falta de datos que sustentan la propuesta de la Comisión, un movimiento criticado por los grupos ecologistas, que lo ven como una táctica de dilación.
Aunque la pelota está en el campo de los dos legisladores de la UE, el papel de la Comisión no parece haber terminado.
En un evento reciente sobre la propuesta de uso sostenible de fitosanitarios, la subdirectora de Seguridad alimentaria de la Comisión Europea, Claire Bury, dijo que el Ejecutivo de la UE “analizará otros aspectos” de la propuesta como, por ejemplo, “medidas de acompañamiento” para respaldar la información sobre la gestión integrada de plagas.
