El Pleno de las Cortes de Castilla-La Mancha ha aprobado en su sesión de este jueves la ‘Ley de Agricultura familiar y acceso a la tierra’, impulsada por la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
En la ronda de votación la normativa no ha incorporado ninguna de las enmiendas vivas de los grupos y la normativa ha salido adelante con los 19 votos favorables de la bancada socialista y el rechazo de los 13 diputados y diputadas asistentes de la oposición.
El consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, ha afirmado que ahora “los pequeños y medianos agricultores y ganaderos de Castilla-La Mancha tendrán garantizada, por ley, la prioridad en el acceso a todas las convocatorias de ayuda del Gobierno regional, frente a modelos de grandes empresas apoyadas por fondos de inversión”.
“A partir de ahora, cualquier ayuda para la agricultura o la ganadería en Castilla-La Mancha va a priorizar el modelo de Agricultura Familiar”, que es “la clave” de esta norma, ha manifestado el consejero.
El Ejecutivo regional apuesta por “un modelo de agricultura distinto”, ha explicado. “No queremos el modelo de la ‘uberización’ del campo, no queremos el modelo de los fondos de inversión. No lo queremos. Queremos un modelo de emprendedores de nuestra tierra, trabajando por su tierra en sus pueblos, generando empleo y riqueza en nuestro territorio. Ése es el modelo”, ha dicho.
Zonas de protección agraria y Banco de Tierras
Una de las cuestiones que incluye la ley es el establecimiento de zonas de protección agraria, “para impulsar la agricultura en los lugares en que es necesario”, por motivos ambientales, de conservación de la biodiversidad, de erosión del suelo, agronómicos, entre otros. “Tener esto previsto en la legislación es positivo”, ha valorado Martínez Arroyo.
Igualmente, la Ley contempla la creación de un Banco de Tierras, ya que “el acceso a la tierra es imprescindible para la incorporación de los jóvenes al sector agrícola y ganadero”, ha manifestado el consejero.
Un banco que se nutrirá de las superficies que posee la Junta de Comunidades desde la derogación de las cámaras agrarias provinciales. Estas tierras solo podrán ser utilizadas por jóvenes, emprendedores o explotaciones familiares, que se corresponden con el modelo por el que apuesta la Ley.
