Belén Delgado (EFEAGRO). Los agricultores españoles se quejan de que el seguro agrario es una herramienta cada vez más cara y ofrece una cobertura menor pese a ser vital para afrontar los daños de la sequía y otros fenómenos extremos relacionados con el cambio climático.
En 2023 se batieron todos los récords en el sistema español de seguros agrarios, con más de mil millones de euros en primas (+16 % anual) y 16.918 millones de euros en capital asegurado (+3 %).
Según la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados (Agroseguro), las pólizas suscritas el año pasado sumaron 6 millones de hectáreas, 36,9 millones de toneladas y 416 millones de animales.
Se estima, además, que las indemnizaciones por los siniestros en el campo alcanzarán el máximo histórico de 1.200 millones de euros en 2023, una cifra muy superior a los aproximadamente 800 millones del año anterior.
Detrás de esos números subyace una insatisfacción creciente por parte de los productores, que piden un análisis profundo y una reforma del sistema actual.
En su última reunión con los consejeros autonómicos el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, informó de la creación de un grupo de trabajo sobre seguros agrarios para evaluar las disfunciones por las nuevas líneas de aseguramiento y analizar los estudios de evaluación del cambio climático.
Recientemente, Planas apuntó que el sistema de seguros agrarios es «eficaz y deriva evidentemente del apoyo público».
Reivindicaciones del sector primario
El responsable de Seguros agrarios de la organización Asaja, Donaciano Dujo, ha asegurado a Efeagro que sería deseable que el seguro fuera obligatorio en todos los cultivos que cobran las ayudas de la Política Agraria Común (PAC) para «acabar de alguna manera» con problemas como el bajo nivel de aseguramiento y cobertura de algunas líneas, en particular en casos de mucha siniestralidad.
Dujo ha reclamado un «consenso claro» entre el Gobierno central, las comunidades y las organizaciones agrarias sobre el modelo del seguro agrario.
«Cuando más lo necesitamos, el seguro no está cumpliendo su finalidad. Luchamos por tener asegurados un mínimo de ingresos», ha afirmado el responsable de Asaja, tras criticar el encarecimiento del seguro a cargo de los agricultores (+16 % anual en 2023).
Tampoco gusta a los productores que en 2024 el Gobierno destine 284 millones de euros a subvencionar las pólizas del seguro agrario, una cantidad inferior a los 317,7 millones de 2022.
Sobre este tema, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación recordó que el año pasado hubo un incremento excepcional de 60 millones de euros, dentro de las medidas de apoyo al sector agrario acordadas para hacer frente a la sequía y las consecuencias de la guerra en Ucrania, y que, sin esa aportación, el presupuesto de 2024 crecerá un 10 %.
«El número de hectáreas aseguradas desciende año a año y tendría que ser al revés», ha apuntado Dujo, que alerta de la desaparición de líneas de seguro «si no son atractivas para la inmensa mayoría» de productores y demanda, entre otras cosas, que se subvencionen los recargos y se eleve la ayuda (actualmente en el 50 %) hasta el 70 % del coste, como permite la Unión Europea.
Por su parte, la organización COAG ha denunciado el «tijeretazo» en el apoyo público al seguro agrario de 2024 y propuesto un pacto de Estado sobre la reforma de las políticas de gestión del riesgo en el campo en el contexto de la emergencia climática.
Su responsable de Seguros agrarios, Pedro García, ha sostenido que, además de encarecerse, «el sistema está peligrando y empezando a fracasar en las coberturas de los daños».
Ha apuntado que la sequía ha dañado mucho al cereal, las frutas y el almendro, y -por ejemplo- en este último caso la cobertura es limitada y no se puede ampliar, al ser «insostenible su coste».
García ha llamado a crear una bolsa común estatal que asuma los grandes siniestros, de forma que no afecten al sistema ordinario.
Actuar frente a los desequilibrios
El responsable de Seguros agrarios de UPA, Javier Alejandre, ha insistido en que el sistema «se está tensionando sobremanera», pues «año tras año las líneas se van desequilibrando más y se hacen ajustes insuficientes».
«Como la sensación de riesgo es mayor, crece el esfuerzo que se autoimponen los productores para pagar esas primas, pero todo tiene un límite», ha resaltado Alejandre.
Ha considerado que esta situación solo puede resolverse por dos vías: aumentando las subvenciones y separando los siniestros normales de los extraordinarios, cuya indemnización debería correr a cargo del Consorcio de Compensación de Seguros.
«Hay que empezar a plantear que los fondos de crisis deben enfrentar los impactos del cambio climático», ha agregado.
Por su parte, Agroseguro reconoce la necesidad de «ajustar los seguros al equilibrio técnico» y destaca el mayor apoyo público.
Según sus datos, entre 2014 y 2023 el recibo de prima se ha incrementado un 72 % (con un crecimiento medio anual del 8 %), mientras que los importes a cargo de los asegurados se han elevado el 45 % y las subvenciones han subido el 110 %.
Hace unos días, el director general de Agroseguro, Sergio de Andrés Osorio, señalaba a Efeagro que «es difícil mejorar» el sistema español de seguros agrarios, concebido para asegurar la solvencia y que las explotaciones sigan siendo viables, y resaltaba los estudios técnicos «constantes» que llevan a cabo para analizar la realidad del cambio climático.
