Ante el anuncio del Gobierno de España sobre la creación de una plataforma para movilizar fincas rústicas públicas destinadas a jóvenes agricultores, Cocampo, la plataforma especializada en suelo rústico, valora positivamente que el acceso a la tierra y el relevo generacional en el campo se sitúen en el centro del debate público.
“Esta reflexión no es nueva. Desde hace años, Cocampo viene alertando del impacto que el envejecimiento de los titulares de explotaciones y el abandono progresivo de fincas heredadas tienen sobre la economía agraria, la gestión del territorio y el riesgo ambiental.
A través de análisis de mercado y estudios sectoriales hemos subrayado de forma reiterada que el relevo generacional solo es posible si existe un acceso real, transparente y económicamente viable a la tierra, tanto pública como privada”, explica Regino Coca, CEO de Cocampo.
Desde una perspectiva técnica y de mercado, Cocampo subraya que el principal reto estructural del suelo rústico en España no es la falta de iniciativas, sino la ausencia de información unificada, transparencia y herramientas profesionales de gestión que permitan movilizar de forma efectiva un volumen significativo de suelo hoy infrautilizado.
Las Administraciones Públicas, principal tenedor de suelo rústico en España
Las Administraciones Públicas constituyen, de facto, el mayor tenedor de suelo rústico del país. En la actualidad, más de 8.000.000 de hectáreas de montes, dehesas y fincas rústicas —en torno al 16 % del territorio nacional— están en manos públicas, repartidas entre distintos niveles administrativos y con realidades de gestión muy diversas.
Las entidades locales gestionan aproximadamente 6,22 millones de hectáreas a través de ayuntamientos, diputaciones y cabildos. Se trata de un patrimonio extenso que, en muchos casos, afronta problemas de baja utilización y para el que los gobiernos locales buscan fórmulas que permitan ponerlo en valor, generar ingresos recurrentes, financiar servicios públicos y contribuir a la fijación de población en el medio rural.
Comunidades autónomas
Por su parte, las comunidades autónomas son titulares de alrededor de 1,15 millones de hectáreas de montes propios, reservas y patrimonios agrarios. Estos activos requieren una gestión forestal y agraria especializada, con criterios técnicos homogéneos y una planificación a largo plazo que combine sostenibilidad ambiental y viabilidad económica.
Patrimonio rústico
En el ámbito de la Administración General del Estado, el patrimonio rústico incluye realidades muy distintas. Los 16 Parques Nacionales suman 391.584 hectáreas terrestres; el Ministerio de Defensa gestiona en torno a 135.000 hectáreas de campos de maniobras y montes tutelares; el Patrimonio del Estado tiene 16.980 inmuebles rústicos inventariados; y SEPES dispone de aproximadamente 3.050 hectáreas de suelo estratégico destinado a vivienda e industria.
Pese a este volumen, no existe hoy un inventario público único, interoperable y accesible que permita conocer con precisión cuántas hectáreas están disponibles, en qué condiciones, con qué aptitud agraria o forestal y bajo qué fórmulas podrían ponerse en producción.
Transformar patrimonio público en valor
“El debate no debería centrarse únicamente en crear nuevas plataformas, sino en cómo transformar este enorme patrimonio público en valor económico, social y ambiental, sin perder su función de servicio público”, señala Regino Coca. “Para lograrlo, es imprescindible contar con datos fiables, visibilidad real ante demanda cualificada y herramientas profesionales que conecten la tierra con proyectos viables”.
La experiencia acumulada en distintos territorios muestra que las políticas de movilización de suelo funcionan mejor cuando se apoyan en información homogénea, criterios técnicos de valoración, coordinación entre administraciones y una conexión efectiva con el mercado real, tanto agrario como forestal.
