Las organizaciones representativas del sector agrario español —Cooperativas Agro-alimentarias de España y FEPEX— han puesto de manifiesto las crecientes carencias del actual sistema comunitario de autorización de productos fitosanitarios y sustancias activas, esenciales para la protección de cultivos.
Esta situación está mermando drásticamente la productividad y generando una clara desventaja competitiva para los agricultores de la UE y, especialmente, para los españoles debido a su localización geográfica, al limitar su capacidad para hacer frente a plagas y enfermedades.
Incremento de la presión de plagas
El sector agrario alerta de que, en un contexto cada vez más complejo, marcado por el cambio climático, el incremento de la presión de plagas y la aparición de resistencias, la reducción progresiva de herramientas disponibles para su control, junto con la ausencia de alternativas eficaces desde el punto de vista agronómico y viables económicamente, deja a los agricultores indefensos y compromete la viabilidad de numerosas explotaciones agrarias.
Las organizaciones subrayan, además, un elemento que agrava esta situación: la defensa y el mantenimiento de las materias activas, que, además de tener que cumplir con un marco regulatorio muy estricto, dependen demasiado del interés comercial de las empresas titulares, que no siempre coincide con las necesidades productivas.
Como consecuencia, a las cancelaciones de la Administración se suma la retirada de materias activas que dejan de ser rentables para la industria, pero que siguen siendo necesarias para el sector ante la falta de alternativas viables.
Además de su rigidez y excesiva burocracia, se pone de relieve la incoherencia del actual marco regulatorio, que propicia diferencias de aplicación dentro de la propia Unión Europea, y, en consecuencia, genera agravios entre productores y disfunciones en el mercado común. A ello se suma la entrada de productos procedentes de terceros países, producidos bajo condiciones fitosanitarias mucho menos exigentes, generando una clara distorsión de la competencia que penaliza directamente a los productores españoles y europeos y confunde al consumidor.
El sector advierte de que la evolución del sistema, tal y como se está produciendo, resulta difícilmente sostenible en el corto y medio plazo si no se introducen ajustes que permitan acompasar los objetivos regulatorios con la realidad productiva.
Ante este escenario, las organizaciones consideran imprescindible avanzar hacia un enfoque más coherente que – garantizando la seguridad alimentaria- proteja también la viabilidad productiva dentro de la UE.
Asimismo, consideran que ahora es el momento de dar ese paso. En un momento en el que la Comisión, los Estados miembros y el Parlamento Europeo están precisamente debatiendo una reforma normativa en materia de sanidad vegetal, las organizaciones reclaman cambios reales: la simplificación de los procesos administrativos para dotar a los agricultores de una “caja de herramientas” eficaz para la gestión de plagas y enfermedades; la homogeneización en la aplicación de la normativa en el conjunto de la Unión Europea; y que cualquier retirada de sustancias activas vaya acompañada de la puesta a disposición de alternativas reales, junto con periodos de adaptación suficientes que permitan una transición ordenada.
Administraciones nacionales y comunitarias
Es el momento de que las administraciones nacionales y comunitarias pasen a la acción. No sería de recibo que, tras declaraciones políticas grandilocuentes en el marco de la “Visión para la agricultura y la alimentación” -a favor de la reciprocidad, de no retirar sin disponer de alternativas y de la protección de la producción agraria de la UE-, no se acometa una reforma en profundidad de la normativa ni se introduzcan todos los cambios necesarios para aportar soluciones equilibradas a los problemas constatados, que garanticen tanto la sostenibilidad como la viabilidad del sector agrícola y mejoren su competitividad.
