Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos, tras la reunión del Comité de Coordinación Ibérico del Conejo de Monte, impulsado por España y Portugal celebrada este miércoles, insiste en que los agricultores se sienten indefensos ante los daños que provocan los conejos y las soluciones planteadas por la administración no están funcionando.
Unión de Uniones, en el marco de esta jornada en la que se ponían las bases para una cooperación transfronteriza en la gestión sostenible del conejo en la Península Ibérica, reclama que se tenga en cuenta de forma efectiva los daños que su sobrepoblación provoca en numerosas explotaciones agrarias.
Complejidad de la situación
La organización resalta la complejidad de la situación ya que conviven dos realidades muy distintas: territorios saturados de conejos, donde los agricultores sufren pérdidas en sus cultivos, y zonas en las que se busca fomentar la cría o la repoblación por la escasez de ejemplares. En todo caso insiste en que encontrar un equilibrio es algo complejo y los agricultores no pueden verse en ese estado de indefensión.
“La administración tiene que dar soluciones”, comenta Anastasio Yébenes, responsable de Desarrollo Rural de Unión de Uniones, recordando que, en muchos casos, los productores no cuentan con una cobertura suficiente por parte de los seguros agrarios. “La única solución que dan es ponerle puertas al campo y esta propuesta no sirve para una parte importante de los agricultores afectados, especialmente aquellos que trabajan con parcelas pequeñas, dispersas o difíciles de proteger”, añade.
Unión de Uniones reclama que las administraciones actúen sobre los principales reservorios de conejos, como vías ferroviarias, autovías, humedales, instalaciones de placas solares y otras infraestructuras que, en la práctica, funcionan como refugio y foco de reproducción de la especie.
En este sentido, insiste en que el problema del conejo de campo no es menor, existiendo zonas, especialmente en Castilla – La Mancha, donde se pierden hasta el 80% de la cosecha por los daños ocasionados.
Unión de Uniones recuerda, además, que esta situación no parte de cero. La organización impulsó la inclusión en la Ley 30/2022 de una disposición adicional que obligaba al Gobierno a presentar una Ley de gestión de la fauna silvestre para la prevención de los daños ocasionados a la agricultura y la ganadería.
MAPA y MITECO
Sin embargo, pese a los reiterados requerimientos realizados por Unión de Uniones ante el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, este mandato legal sigue sin cumplirse.
Para la organización, resulta inadmisible que se sigan celebrando reuniones y jornadas mientras continúa pendiente una herramienta normativa que debería servir para dar una respuesta real a agricultores y ganaderos afectados por los daños de fauna silvestre.
