Unión de Agricultores y Ganaderos de Castilla-La Mancha reclama a los gobiernos de España, Francia e Italia y a la Comisión Europea que el apoyo al sector vitivinícola sea una prioridad para proteger la economía, la cultura, el medio ambiente y la actividad de numerosos territorios rurales.
Unión de Uniones defiende que la Política Agrícola Común (PAC) continúe siendo una herramienta eficaz para acompañar la adaptación del sector y que disponga de recursos suficientes, específicos y ajustados a las particularidades de la vitivinicultura.
Presupuesto de la PAC
La organización rechaza cualquier reducción del presupuesto de la PAC y advierte de las consecuencias que tendría trasladar a los Estados miembros parte de la financiación de unas ayudas que hasta ahora han sido asumidas íntegramente por la Unión Europea.
A su juicio, un sistema de cofinanciación nacional podría generar diferencias entre los niveles de apoyo concedidos en cada país, fragmentar el mercado interior y debilitar la posición del conjunto del sector vitivinícola europeo.
Paquete Legislativo Vino
La organización considera que los mecanismos ya existentes, reforzados a través del denominado Paquete Legislativo Vino, deben mantenerse e integrarse en la futura PAC antes de plantear nuevas fórmulas. En este sentido, reclama conservar un presupuesto específico, un marco europeo común y unas medidas, beneficiarios y porcentajes de financiación adaptados a las necesidades del sector.
Asimismo, pide que continúen las iniciativas europeas de simplificación administrativa para eliminar barreras burocráticas, reforzar la competitividad y facilitar los intercambios dentro del mercado único.
Pide un periodo transitorio para mantener la intervención sectorial vitivinícola hasta la entrada en vigor del nuevo presupuesto.
Unión de Uniones Castilla-La Mancha reclama que se desplieguen las medidas estas sin demora y que el trabajo realizado durante los últimos dos años tenga continuidad en la futura PAC.
Periodo transitorio
Para ello, considera necesario establecer un periodo transitorio que permita mantener la intervención sectorial vitivinícola hasta la entrada en vigor del nuevo marco financiero plurianual de la Unión Europea para el periodo 2028-2034, así como el despliegue inmediato de las denominadas medidas de crisis (cosecha en verde, destilación de crisis y, sobre todo, arranque definitivo).
