La negociación del próximo presupuesto de la Unión Europea para el periodo 2028-2034 entra en una fase decisiva para el futuro de la Política Agraria Común (PAC).
Según detalla ASAJA, la caja de negociación presentada por la Presidencia irlandesa del Consejo de la UE, con fecha de 10 de octubre de 2026, contempla un presupuesto comunitario de 1,62 billones de euros y mantiene un mínimo de 293.699 millones de euros a precios corrientes para las ayudas a la renta de agricultores y ganaderos.
Esta cantidad equivale a 261.013 millones de euros a precios constantes de 2025 y coincide con la cifra planteada inicialmente por la Comisión Europea. Sin embargo, la nueva propuesta introduce cambios relevantes en la arquitectura financiera de la PAC, que perdería su rúbrica presupuestaria propia para integrarse en un fondo compartido con otras políticas comunitarias.
El documento, que servirá de base para las negociaciones entre los Estados miembros, todavía no constituye un acuerdo definitivo.
Entre los asuntos pendientes figuran la aplicación de recortes progresivos a las ayudas de mayor cuantía, el establecimiento de un límite máximo por beneficiario y la distribución de competencias entre las administraciones nacionales y regionales.
Un presupuesto europeo un 8 % inferior
La propuesta de la Presidencia irlandesa sitúa el techo de compromisos del Marco Financiero Plurianual en 1.622.011 millones de euros a precios de 2025, frente a los 1.763.056 millones propuestos inicialmente por la Comisión Europea.
La reducción alcanza aproximadamente el 8 %, aunque no afecta por igual a todas las políticas comunitarias.
La rúbrica que agrupa cohesión, agricultura y seguridad experimentaría una disminución del 3,4 %, hasta los 914.179 millones de euros.
Por el contrario, los recortes serían más intensos en competitividad, con un descenso del 12,8 %, y en Europa Global, cuya dotación se reduciría un 17,4 %.
En este contexto, el mantenimiento del mínimo destinado a las ayudas agrarias constituye uno de los elementos más relevantes de la propuesta para el sector primario.
No obstante, la garantía presupuestaria se refiere específicamente a las ayudas a la renta y no equivale al presupuesto total de todas las intervenciones de la PAC, por lo que será necesario conocer el desarrollo definitivo de los planes nacionales para determinar los recursos disponibles para el conjunto de las medidas agrícolas y de desarrollo rural.
Fondo único
Uno de los cambios estructurales más importantes para el campo europeo es la creación de un fondo común de 746.734 millones de euros, que agruparía recursos destinados a la PAC, la cohesión territorial, la pesca y otras políticas gestionadas conjuntamente por la UE y los Estados miembros.
De esa cantidad, 705.250 millones corresponderían a los Planes de Asociación Nacionales y Regionales.
Dentro de estos planes se establecerían determinadas asignaciones mínimas, entre ellas los 261.013 millones para las ayudas a la renta agraria y los 195.024 millones reservados para las regiones menos desarrolladas.
El nuevo modelo supondría una transformación significativa respecto a la estructura presupuestaria tradicional de la PAC, al integrar la financiación agraria en instrumentos de programación más amplios.
Aunque se mantiene una dotación mínima protegida para las ayudas a la renta, la integración en planes nacionales y regionales plantea interrogantes sobre el margen de decisión de los Estados miembros, la financiación de otras intervenciones agrícolas y el grado de homogeneidad de la política agraria entre países.
La propuesta también contempla que al menos un 10 % de determinados recursos de los planes se destine a las zonas rurales, sin computar las asignaciones de la PAC y la Política Pesquera Común.
Las ayudas agrarias aumentarían un 4 %
La cantidad mínima prevista para las ayudas a la renta entre 2028 y 2034, de 293.699 millones de euros a precios corrientes, representa un incremento nominal del 4 % frente a los 282.514 millones correspondientes al periodo 2021-2027, según la comparación recogida en el documento.
Sin embargo, este incremento debe interpretarse teniendo en cuenta la evolución de los precios, ya que una subida nominal no implica necesariamente un aumento equivalente del poder adquisitivo de las ayudas.
Otro aspecto relevante es que la asignación mínima correspondiente a cada Estado miembro se calcularía tomando como referencia su dotación de la PAC en 2027.
Este criterio será especialmente importante para determinar el reparto nacional de los fondos y las posibilidades de financiación de las intervenciones destinadas a agricultores y ganaderos.
Recortes progresivos
Entre las medidas que continúan abiertas en la negociación destaca la introducción de un sistema de reducción progresiva de las ayudas por superficie en función de su cuantía.
La caja de negociación recoge los siguientes umbrales:
-Una reducción del 15 % para los importes comprendidos entre 100.000 y 125.000 euros anuales.
-Un recorte del 25 % para el tramo situado entre 125.000 y 150.000 euros.
-Una reducción del 50 % para los importes superiores a 150.000 euros.
-Un límite máximo de 300.000 euros por beneficiario.
Estas disposiciones todavía aparecen entre corchetes en el documento, lo que significa que siguen sujetas a negociación.
Una de las cuestiones pendientes es determinar si el límite de 300.000 euros tendrá carácter obligatorio o si los Estados miembros podrán decidir voluntariamente su aplicación.
La propuesta también establece que los complementos destinados a jóvenes agricultores quedarían excluidos del cálculo de las reducciones y que los fondos detraídos permanecerían dentro de la asignación PAC del Estado miembro correspondiente.
El documento contempla, asimismo, que la ayuda media por hectárea se sitúe entre 90 y 240 euros en cada Estado miembro, expresados a precios corrientes.
Jóvenes agricultores
La propuesta establece diferentes porcentajes de financiación comunitaria según el tipo de intervención agraria.
Las ayudas a la renta degresivas, las ayudas asociadas, las destinadas al algodón y las dirigidas a pequeños agricultores podrían financiarse íntegramente con recursos de la Unión Europea.
Para otras medidas agrícolas, programas escolares e intervenciones sectoriales de la organización común de mercados se contempla una financiación europea del 70 %.
En materia de inversiones, la contribución comunitaria podría alcanzar el 75 %, porcentaje que aumentaría hasta el 85 % en actuaciones destinadas a jóvenes agricultores.
Las inversiones verdes no productivas podrían recibir una financiación europea del 100 %, mientras que los instrumentos de gestión de riesgos contarían con una contribución del 70 %.
Estos porcentajes serán relevantes para configurar los futuros programas de apoyo a la modernización de explotaciones, la incorporación de jóvenes y la adaptación del sector a los desafíos ambientales y climáticos.
Menos dinero para afrontar las crisis de mercado agrícola
Uno de los puntos más sensibles de la propuesta afecta a los instrumentos comunitarios destinados a responder a situaciones excepcionales.
La denominada Red de Seguridad de la Unidad, prevista para afrontar crisis de los mercados agrícolas y catástrofes, dispondría de 3.919 millones de euros, frente a los 5.598 millones inicialmente propuestos por la Comisión Europea.
Esto supone una reducción aproximada del 30 % en el instrumento europeo de respuesta a las crisis.
El documento establece que los recursos no utilizados podrían trasladarse a ejercicios posteriores hasta 2034.
Paralelamente, los planes nacionales incorporarían una reserva de flexibilidad equivalente al 25 %, distribuida en diferentes periodos, que permitiría responder a necesidades imprevistas y situaciones de crisis.
La propuesta contempla, además, que hasta dos tercios de determinados recursos vinculados a la revisión intermedia puedan destinarse a la PAC y al medio rural.
Este planteamiento refuerza el papel de los instrumentos nacionales de flexibilidad en la respuesta a las crisis agrarias, aunque deja pendiente conocer cómo se articulará su aplicación práctica.
Las comunidades autónomas, pendientes de su papel en la gestión de los fondos
Otro asunto especialmente relevante para España es la futura gobernanza de los planes nacionales y regionales.
La propuesta permite la existencia de capítulos regionales y la participación de autoridades autonómicas de gestión, pero deja esta posibilidad a decisión de cada Estado miembro.
Esta fórmula abre un debate sobre el papel que desempeñarán las comunidades autónomas en la planificación y ejecución de las ayudas agrarias y de desarrollo rural.
El diseño definitivo será importante para determinar cómo se articulan las intervenciones territoriales y qué margen de participación tendrán las administraciones regionales dentro del nuevo sistema de financiación.
Incertidumbre sobre el inicio de la nueva PAC en 2028
La entrada en vigor del próximo marco financiero está prevista para el 1 de enero de 2028, pero el documento reconoce la posibilidad de que la aprobación de los instrumentos financieros y de los planes nacionales se retrase.
Por este motivo, incluye una cláusula, todavía pendiente de acuerdo, destinada a garantizar la continuidad de las ayudas a la renta durante 2028 si el nuevo fondo no estuviera aprobado a tiempo.
También permanece abierta la regulación de la prefinanciación correspondiente a ese ejercicio.
Según el texto, el 4 % previsto podría perderse o trasladarse a 2029 y 2030 si el Consejo no aprueba los planes antes del 30 de noviembre de 2028.
La resolución de estas cuestiones será determinante para evitar incertidumbres administrativas y financieras en el arranque del próximo periodo de programación.
La negociación continúa sin un acuerdo definitivo
La caja de negociación de la Presidencia irlandesa constituye un nuevo paso en las conversaciones sobre el presupuesto comunitario para 2028-2034, pero sus cifras y disposiciones todavía deben ser negociadas por los Estados miembros.
El próximo hito señalado en el documento es el Consejo Europeo de octubre de 2026.
Para el sector agrario, las principales incógnitas se concentran en la configuración definitiva de las ayudas directas, los posibles recortes a los beneficiarios con mayores importes, la financiación de las crisis de mercado y el margen de gestión que tendrán los Estados y las regiones.
La principal conclusión de la propuesta es que la UE mantiene una protección presupuestaria mínima para las ayudas a la renta, pero plantea una transformación profunda de la estructura financiera y de gestión de la PAC a partir de 2028.
El alcance real de estos cambios para agricultores y ganaderos dependerá de las decisiones que se adopten durante los próximos meses y del contenido final del acuerdo presupuestario europeo.
Resumen
-La caja de negociación recoge los siguientes umbrales:
-Una reducción del 15 % para los importes comprendidos entre 100.000 y 125.000 euros anuales.
-Un recorte del 25 % para el tramo situado entre 125.000 y 150.000 euros.
-Una reducción del 50 % para los importes superiores a 150.000 euros.
-Un límite máximo de 300.000 euros por beneficiario.
