Unión de Uniones de Castilla-La Mancha valora negativamente que los Grupos Parlamentarios no hayan sabido ponerse de acuerdo en el proyecto de presupuestos de la región. Sin entrar en valoraciones políticas que le son ajenas, en materia de agricultura la organización considera que al rechazo del proyecto para 2017 ha contribuido la pérdida de credibilidad del Gobierno en sus cuentas, con incumplimientos y ejecuciones deficientes en partidas importantes y diferentes raseros a la hora de tratar según cuales medidas. La organización pide serenidad a los políticos para alcanzar acuerdos.
Unión de Uniones ya se manifestó en sus reuniones con el Grupo Socialista y con Podemos, que accedieron a entrevistarse con la organización, que tan importante como tener un presupuesto es que éste sea riguroso y quede cumplido al final del ejercicio, cosa que no está sucediendo. La organización señala que ya en el presupuesto de 2015 se quedó sin ejecutar un 17% de los capítulos operativos y que a mes de noviembre de 2016, últimos datos disponibles, sólo se había ejecutado la mitad del presupuesto, si bien hay que reconocer que el mes de diciembre es muy significativo en cuanto a pagos en el sector agrario y habrá que esperar al cierre.
Por otra parte, Unión de Uniones considera los presupuestos de agricultura, tanto de 2016, como el proyecto de 2017 presentaban cuestiones evidentemente mejorables.
Hay partidas importantes poco justificadas, de las que se pueden dar ejemplos. En 2016 se incluyó, una partida muy importante de 62,4 millones de euros cuyo destino no se ha aclarado por parte de la Consejería y que finalmente no se ejecutó; tanto en 2016, como en 2017, se destinan 10 millones de euros a las ayudas a zonas desfavorecidas que ni siquiera se han convocado; se incrementan 20 millones de euros para 2017 la partida de pagos directos de la PAC, hasta los 720 millones, cuando desde la propia Consejería se dice que Castilla-La Mancha pierde cada año 15 millones de euros en esta Reforma de la PAC; o la partida destinada a cese anticipado, que se ha fijado en 2016 y 2017 en 1,5 millones de euros, dinero que no sólo no se consume (sólo un 67 % aproximadamente), sino que además, cada anualidad representa una menor cuantía a medida que los beneficiarios se jubilan.
Por otro lado, se pierde la confianza en los presupuestos cuando los créditos se modifican en proporciones muy significativas durante el transcurso del ejercicio. Así la partida de regadíos, que en 2015 contaba con 2,4 millones de euros de los que se ejecutaron menos de un 20 %; se mantuvo en 2016 y se modificó posteriormente para subirla a un crédito definitivo de 7,18 millones de euros. Cuando a fecha de noviembre de 2016 prácticamente no se había ejecutado, es normal que la apuesta presupuestaria de la Consejería de un ambicioso plan de regadíos en su proyecto de presupuesto 2017 quede bastante en entredicho, sin que desde la organización se cuestione la importancia del regadío para la agricultura de la región.
Se aumentan partidas cuyo nivel de ejecución ha sido bajo en 2015 y bajísimo en 2016, como sucede con el LEADER; o se anuncian planes de arreglos de caminos, también ambiciosos (45 millones de euros en el horizonte 2019, con las Diputaciones), que también estaban presupuestados en 2015 y 2016 y que se han quedado sin ejecutar en un 20 % en 2015 y en los que no se gastó ni un euro en 2016 a fecha de noviembre.
Hay medidas, como las de la agricultura ecológica, cuyo presupuesto no se podía aumentar para recuperar el importe inicial de las primas porque la convocatoria lo impedía y que, pese a ello, se anuncian, se aprueban y se presupuestan “rescates” con fondos adicionales. Se dice además, que el presupuesto de las ecológicas está encorsetado por la partida de 20 millones de euros reflejada en la convocatoria; mientras que la línea de las ayudas a jóvenes y planes de mejora, fundamental a juicio de la organización, cuenta según convocatoria con una anualidad de 28,8 millones de euros para 2017 y se presupuestan sin embargo 44,7 millones.
Igualmente sucede con las ayudas a los seguros agrarios, para los que se prevé en la convocatoria una anualidad 2017 de 6 millones de euros, presupuestándose 8,9 millones, cuando además, tradicionalmente esta partida no se ha consumido en su totalidad.
En definitiva, Unión de Uniones considera que todas estas cuestiones no han ayudado en absoluto a que los presupuestos 2017 salgan adelante de momento. En sus reuniones, tanto con el Grupo Socialista como con Podemos, la organización reclamó que existan y funcionen instrumentos de control al Gobierno en relación a las modificaciones de las partidas presupuestarias y a su ejecución. Y reclamó además públicamente que las partidas que se consignen se cumplan y que, cuando se aumente el presupuesto de seguros sea porque se mejoran las ayudas a los seguros agrarios para poder gastarlo y que si se presupuestan las ayudas a zonas desfavorecidas sea porque se vayan a convocar, que si se aumenta el crédito para el regadío sea porque se ejecutan las obras y las ayudas y que si dota la línea de jóvenes agricultores es porque se resuelven y se pagan las subvenciones a tiempo.
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha considera que un escenario de presupuestos prorrogados no es el mejor para el sector agrario, aunque si se confirma habrá que ver el margen de maniobra que el Decreto de prórroga publicado en diciembre del año pasado le permite al Gobierno y confía en que sea posible superar las dificultades que puedan presentarse para que los agricultores y ganaderos no se resientan de ello, única preocupación de esta organización. En cualquier caso, también considera que la mejor alternativa a un presupuesto prorrogado, no es un mal presupuesto, sino un presupuesto negociado y riguroso y por eso solicita del Gobierno y de los tres Grupos Parlamentarios presentes en las Cortes sosiego para ponerse a trabajar en ello.
