La presidenta nacional de la Confederación de Federaciones y Asociaciones de Familias y Mujeres del Medio Rural (AFAMMER), Carmen Quintanilla, ha instado en la ONU a los gobiernos de todo el mundo a legislar de manera que la trata de personas con fines de explotación sexual sea tipificado como delito de forma específica así como a reforzar e intensificar la colaboración internacional entre los países de origen y de destino de las víctimas con el objetivo de poner fin a esta práctica que está considerada la nueva esclavitud del siglo XXI y que atenta contra los derechos fundamentales de miles de mujeres y niñas que son obligadas a prostituirse en contra de su voluntad a través de coacciones y amenazas.
También ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que en los países de origen se promuevan programas que fomenten el empleo y el empoderamiento de las mujeres, especialmente en las zonas rurales, donde la pobreza y la falta de oportunidades hace que las mujeres sean especialmente vulnerables a ser captadas por los grupos organizados de trata con falsas promesas de un futuro mejor así como que se elaboren estadísticas sobre cuántas mujeres y niñas víctimas del tráfico y la trata de personas con fines de explotación sexual proceden del medio rural.
Quintanilla ha hecho estas propuestas en el transcurso del evento sobre “Las conexiones entre la inmigración ilegal y la trata de mujeres” organizado por AFAMMER en colaboración con el Fondo de Población de Naciones Unidas y de la Misión Permanente de España en la ONU, en el marco de la 60ª Sesión de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer que está teniendo lugar en la sede de la ONU en Nueva York.
Un evento paralelo que ha despertado un gran interés y ha contado con un gran éxito de participación en lo que a público se refiere y un alto nivel en lo que respecta a los ponentes que han intervenido.
España como ejemplo
Carmen Quintanilla ha recordado que la trata de personas con fines de explotación sexual es un delito internacional que mueve alrededor de 32.000 millones al año en el mundo y está considerado el segundo negocio ilegal más lucrativo, sólo por detrás del tráfico de armas y que en España esa cifra se sitúa en torno a los 3.000 millones de euros anuales.
La presidenta nacional de AFAMMER ha destacado que España no está considerado un país de origen pero sí un país de destino y, aunque es muy difícil conocer el número exacto de mujeres que ejercen la prostitución en nuestro país sí se sabe que el 90% de ellas lo hacen en contra de su voluntad y muchas de ellas obligadas por redes de tráfico y trata de personas con fines de explotación sexual.
