Hace más de 20 años, la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos enarboló por primera vez, y en solitario, la pancarta de los precios justos. Con movilizaciones en pueblos y ciudades de toda España, y en los despachos de todas las Administraciones, UPA provocó un gran debate sindical, político y social, a partir de una reivindicación de perogrullo: que las y los productores de alimentos y materias primas alimentarias no recibiesen por sus productos menos de lo que cuesta producirlos.
En ese momento, el sistema alimentario español vivía un momento especialmente complejo, con cambios en los equilibrios de poder entre la industria y la denominada gran distribución, con una tendencia creciente a consolidar el liderazgo en manos de las corporaciones nacionales y multinacionales que controlan las cadenas minoristas de súper e hipermercados.
Una guerra de gigantes en la que la presión de la competencia entre las empresas de distribución se trasladaba a la industria y la producción, con los cientos de miles de pequeñas explotaciones familiares como víctimas propiciatorias, a las que imponer malas artes, prácticas irregulares y cada vez precios más alejados de los costes de producción.
La realidad era tan evidente –y la presión de UPA tan consistente- que el sistema político se vio obligado a reaccionar, incluso con más consenso que en cualquier otro ámbito. Así se consiguió la primera ley de Cadena Alimentaria de 2013, junto a la normativa para prohibir la venta a pérdidas y la creación de la AICA, el organismo autónomo del Ministerio de Agricultura encargado de velar por el cumplimiento de la ley. Una primera norma que enseguida se demostró insuficiente, con nuevas movilizaciones sucesivas y denuncias de malas prácticas, que condujeron a su reforma con la ley aprobada en 2021. El marco normativo, siempre mejorable, se consolidaba así como suficiente y razonable. Pero lo cierto es que, cinco años después, seguimos soportando situaciones injustas, como las que UPA está denunciando ahora con los cereales y la leche.
Al tiempo que conocemos la abultada lista de sanciones que impone la AICA por incumplimientos a la ley, que podrían ser más si el Congreso de los Diputados no hubiese rechazado la propuesta del Gobierno de convertir a la AICA en Agencia Estatal, lo que habría dotado a este organismo de más medios y más recursos para actuar por propia iniciativa y atender mejor las denuncias de las y los agricultores y ganaderos.
Es evidente que las leyes por sí solas no son suficientes; y que las buenas leyes son respetadas cuando provocan un cambio cultural asentado en la sociedad, un proceso que siempre cuesta más a quien sale ganando con la falta de normativa.
Por eso hacen falta grandes dosis de sentido común y responsabilidad social, que no están reñidas con la búsqueda del beneficio empresarial, sino más bien todo lo contrario, siempre equilibrado entre todos los eslabones de la cadena.
Sin olvidar que no hay nadie en este momento, y no solo en la actividad agraria, que no muestre inquietud por la falta de relevo generacional. Un objetivo común que choca de frente con realidades, por poner ejemplos concretos, como las que viven ahora muchos jóvenes ganaderos que se han hipotecado –en todos los sentidos- para sacar adelante un proyecto de futuro con sus vacas y en sus pueblos, y que ahora ven que no les salen las cuentas por la avaricia desmedida de quienes les compran la leche. Un ejemplo más, entre otros muchos, de la incongruencia entre las palabras y los hechos.
Editorial del número 309 de la revista LA TIERRA de la Agricultura y la Ganadería
