Los agricultores agrupados en la Plataforma de Agricultura Ecológica valora como absolutamente insuficiente la oferta hecha pública por la Consejería de Agricultura, de incrementar en un 4,9% el montante del PDR (Programa de Desarrollo Rural) hasta el 2020 para el paquete de agricultura ecológica, cuando el recorte de las ayudas ha sido del entorno del 65 %. Aseguran que las primas de 2015 y 2016 quedarían a niveles “que hacen imposible el mantenimiento de la agricultura ecológica”. De no abordarse una solución satisfactoria desde el Gobierno de la Región, la Plataforma ha anunciado que mantendrá su postura en defensa de los agricultores ecológicos y de este modelo de agricultura sostenible y se plantea acciones legales por los perjuicios ocasionados para la decisión administrativa tomada.
La Plataforma para la Defensa de la Agricultura Ecológica entiende que la actitud que demuestra el Gobierno de García-Page es de “burla” hacia la sociedad y hacia los agricultores. No se puede hacer una propuesta “tan ridícula” cuando está en juego el futuro de 6.500 familias y la pervivencia de un modelo productivo agroecológico, libre de productos químicos, que aporta valores importantes desde el punto de vista de la salud de los consumidores y del medio ambiente. La propuesta presentada por la Consejería implicaría expulsar del modelo ecológico a más de 3.500 agricultores y a alrededor de 150.000 hectáreas.
La Plataforma incide en que producir alimentos saludables y naturales tiene mayores costes productivos y una serie de valores sociales añadidos que deben ser remunerados suficientemente a través de los instrumentos que la Unión Europea ha establecido para ello.
Por otro lado, la Plataforma entiende que el problema se ha generado con las primas de 2015 y se mantiene con las de 2016; porque los agricultores ya han realizado sus planificaciones de cultivo, han pagado análisis, certificaciones, “en definitiva han asumido ya el mayor coste que representa la agricultura ecológica durante estas dos campañas”. Pero el Gobierno propone medidas aplicables a partir de 2017. Para entonces, aseguran los representantes de la Plataforma “es posible que ya no sea necesario porque muchos agricultores ecológicos habremos abandonado y quizás sea eso lo que persigue la propuesta de la Consejería”.
Para la Plataforma la única solución aceptable es, “puesto que presupuestariamente es posible y se trata de una cuestión de prioridades, mantener las primas a los niveles que inicialmente estaban establecidos por la Junta y con los que los agricultores asumieron sus compromisos”.
La Plataforma considera, además, que es “muy negativo”, no sólo para el sector ecológico, sino para el agrario y para cualquier otra actividad productiva, “que el Gobierno de la Región mande la señal de que las reglas del juego pueden cambiar en mitad de la partida, creando una situación de inseguridad jurídica que retraiga la inversión y el emprendimiento”.
