El Gobierno regional duda de la legalidad del nuevo trasvase Tajo-Segura

La consejera de Fomento denuncia que la Confederación del Tajo no está siendo transparente con las cifras de agua embalsada

La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha afirmado este sábado que el trasvase de agua del Tajo al Segura de 38 hectómetros cúbicos durante el mes de junio aprobado por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura está basado en datos “metidos con calzador” que son de “dudosa legalidad”, por lo que ha anunciado que los servicios jurídicos de la Junta de Comunidades y los técnicos de la Agencia del Agua preparan un nuevo recurso que se sumaría a los ya presentados ante la Audiencia Nacional en relación a las derivaciones anteriores aprobadas por el Gobierno.

El volumen autorizado, que se mantendrá preferentemente en los embalses de cabecera y se irá trasvasando en función de la demanda, garantiza todos los suministros de agua de la cuenca cedente así como el abastecimiento de 2,5 millones de personas de las provincias de Murcia, Alicante y Almería. Este trasvase se autoriza en cumplimiento de la normativa vigente, tras el análisis realizado por la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo-Segura, organismo técnico responsable de aplicar estrictamente las reglas de explotación de esta infraestructura.

“Sospechosamente irregular”

De la Cruz ha puesto de manifiesto que no existe transparencia en relación a las reservas de Entrepeñas y Buendía a fecha 1 de junio, ya que la web SAIH Tajo ha presentado un funcionamiento “sospechosamente irregular” durante los días previos a la jornada de ayer, cuando se dio luz verde al trasvase.

Según las normas de explotación actualmente en vigor, los embalses de cabecera deben superar los 629 hectómetros cúbicos para poder autorizar un trasvase de 38 hectómetros cúbicos. En caso de ser inferior la cantidad de agua embalsada, la situación continuaría declarada como nivel 3 y la derivación máxima sería de 20 hectómetros cúbicos, que además tendría que aprobar la ministra de Agricultura en lugar de la Comisión de Explotación. La propia página web del Sindicato Central de Regantes reconocía recientemente que las reservas eran de 628 hectómetros cúbicos, uno por debajo del límite entre ambos niveles.

Para la consejera, la situación está “al límite”, lo que arroja grandes interrogantes sobre la validez jurídica del trasvase aprobado ayer. “Los datos no son públicos, por lo que tenemos serias dudas cuando la línea es tan estrecha”, ha asegurado, al tiempo que subraya que “no tenemos presencia ni voz en la Comisión de Explotación por una decisión del actual Gobierno de España”. También reitera que desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se ha solicitado en reiteradas ocasiones la máxima fiabilidad de los medidores de aforo situados en el curso del río, que los datos de la Confederación del Tajo sean permanentemente públicos y que se descuenten los trasvases pendientes de envío al cálculo de agua embalsada.

Afán electoralista

Elena de la Cruz ha recalcado que las cifras en las que se ha basado este trasvase son sólo “posibles” pero en ningún caso “transparentes porque no han sido públicos”, lo que abre una puerta a la “sospecha” de que el Gobierno de España haya permitido una derivación con 18 hectómetros cúbicos de más “por puro afán electoralista, puesto que no ha pensado en los intereses de todos los españoles”.

En relación al comunicado emitido ayer por el Ministerio para justificar el trasvase, la consejera de Fomento de Castilla-La Mancha ha aseverado que no se ajusta a la realidad de la situación prevista en la cabecera del Tajo para este verano. De la Cruz estima que con este nuevo envío de agua, la disminución prevista de los aportes al Tajo desde los afluentes y “unas reglas antinaturales que no respetan el caudal ecológico y que desembalsan más agua en verano que en invierno”, volverá a haber problemas de suministro.

En este sentido, ha recordado que no sólo son los municipios de los embalses de cabecera los que beben del Tajo, sino varias mancomunidades e incluso el Canal de Isabel II tienen concesiones de agua que podrían verse comprometidas con esta forma “sistemática de trasvasar sin pudor que ha demostrado el Gobierno de España en funciones”.

Grave perjuicio

El Gobierno regional considera que el nuevo trasvase“perjudica gravemente los intereses de Castilla-La Mancha”, de ahí que el Ejecutivo autonómico vaya a recurrir nuevamente esta decisión.

Así lo ha señalado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, quien ha añadido que “llevábamos tiempo sospechando que esto iba a pasar”.

Y es que, ha insistido, “no era normal lo que estaba ocurriendo en la web de la Conferencia Hidrográfica del Tajo y los datos que se estaban colgando en la página, con absoluta intermitencia”. Además, ha añadido, que “queremos saber muy bien cuáles son los datos oficiales en los que se han basado para tomar esta decisión”.

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