El director general de Urbanismo y Vivienda del Gobierno regional, José Antonio Carrillo, ha comparecido esta semana ante la Comisión de Fomento de las Cortes de Castilla-La Mancha para informar a los diputados regionales sobre los cambios normativos introducidos por el Gobierno regional en la Instrucción Técnica de Planeamiento (ITP), una norma que data del año 2003, y que posibilitarán el establecimiento de nuevas empresas y el crecimiento de otras que ya desarrollan su actividad en la región.
Dichas innovaciones persiguen flexibilizar el régimen de instalación de actividades productivas en suelo rústico, cuando la naturaleza o las circunstancias de las mismas lo requieran, y siempre bajo la tutela tanto de la Administración autonómica como de la municipal, “de manera que se preserven en todo caso los valores propios de esta clase de suelo”, ha afirmado el director general, que ha manifestado que este cambio normativo está dentro del Pacto por la Recuperación Económica de Castilla-La Mancha puesto en marcha a iniciativa del presidente Emiliano García-Page.
La ITP preveía desde su origen la posibilidad de eximir a las actividades meramente agrarias de una serie de condicionantes establecidos para otros sectores productivos, como los mínimos y máximos del tamaño de la parcela en la que se desarrollaba la actividad. Para ello, tales actividades requerían de un informe previo de la Consejería de Agricultura.
El cambio normativo introduce una flexibilidad normativa a empresas de otra naturaleza distinta al sector primario que desde esta legislatura pueden crecer o establecerse en suelo rústico bajo el control de la Junta de Comunidades y de la correspondiente Comisión de Ordenación del Territorio y Urbanismo de la provincia o de la Comisión Regional.
Para Carrillo, este control de la administración asegura que la nueva normativa se aplica con carácter excepcional ante la falta de dotación de suelo industrial en algunos municipios o la imposibilidad de ampliar actividad que algunas industrias tienen en suelo con esta catalogación. Carrillo ha asegurado ante los diputados regionales que las garantías son máximas, puesto que su aprobación se realiza a través de órganos colegiados donde están representadas todas las administraciones con competencias urbanísticas y en las que está también presente la Federación de Municipios y Provincias de Castilla-La Mancha. En todo caso, ha aclarado, “siempre debe primar el principio de excepcionalidad, de forma que no se distorsione la aplicación general del régimen del suelo rústico contenido en la misma”.
El director general ha indicado que esta clase de solicitudes deberán demostrar razones de “relevante interés social y económico” para poder ser aprobadas y que se “tendrán que evaluar teniendo en cuenta las diversas circunstancias del entorno concreto” en el que se vaya a acometer la actuación. Para asegurar la máxima transparencia al proceso se fijarán una serie de criterios para que las comisiones de urbanismo puedan valorar lo más objetivamente posible el régimen excepcional de los cambios introducidos en la ITP. La calificación “siempre estará supeditada a criterios superiores de protección de valores relevantes”, ya sean medioambientales o de protección del patrimonio, ha aclarado Carrillo.
La actividad en cuestión deberá acreditar la necesidad de implantarse en el suelo rústico y que no exista la posibilidad de ubicarse en un suelo con una clasificación y calificación más idónea, por ejemplo en suelo urbano industrial. El director general considera positiva esta nueva norma para la implantación de actividad productiva en el medio rural de Castilla-La Mancha, especialmente en aquellos municipios que carecen de polígono industrial en los que no existe suelo urbanizado idóneo para el establecimiento de industrias.
“Se trata –ha dicho- de una medida que persigue el establecimiento de tejidos productivos en nuestra región, especialmente de aquellos que se desenvuelven en el medio rural”, lo que evitará “una migración de estas empresas a núcleos urbanos que hasta ahora era irrefrenable”. José Antonio Carrillo ha destacado que esta flexibilización legal para el crecimiento empresarial en suelo rústico puede dar buenos resultados en Castilla-La Mancha, una región con cerca de 500 de sus 919 municipios con poblaciones por debajo de los 500 habitantes. El 91 por ciento de la superficie regional (71.000 de los 79.000 metros cuadrados) está considerada dentro de los parámetros propios del medio rural. En esa superficie habita el 47 por ciento de los castellano-manchegos.
