La consejera de Fomento del Gobierno de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha calificado de “mazazo” para la política hídrica del Gobierno de España el informe definitivo tras la visita que los europarlamentarios cursaron al río Tajo el pasado mes de febrero y que se ha conocido este lunes.
De la Cruz ha realizado una valoración provisional de dicho informe, asegurando que el Gobierno de Castilla-La Mancha fijará una posición más concreta cuando tenga ocasión de analizar en profundidad el documento. No obstante, la consejera considera que la parte que se ha hecho pública “viene a refrendar la lucha que desde el Gobierno regional hemos mantenido durante todos estos meses sobre el río, defendiendo el Tajo y los intereses de todos los castellano-manchegos” frente a la planificación que impuso el Gobierno español en enero estando ya en funciones tras las elecciones generales del 20 de diciembre.
“Sabemos que tenemos un respaldo muy importante”, ha afirmado, “nos anima a seguir trabajando”. De la Cruz ha explicado que a partir de la formación del próximo Ejecutivo nacional tras las elecciones de este próximo domingo “vamos a pedir que se revisen los planes hidrológicos” e incluso “que se deroguen si es necesario”. La consejera entiende que el documento definitivo cuyas primeras pinceladas se han conocido hoy sitúa en una posición muy delicada la planificación hidrológica española porque “no garantiza en ningún caso ni el uso de la desalación para compensar el déficit hidrológico que tiene el Segura ni los caudales ecológicos del Tajo”.
Elena de la Cruz ha recalcado que el Plan del Tajo es un “verdadero atentado ecológico” contra el río, por lo que considera que el documento no resulta sorprendente en sus conclusiones ni en sus términos. “Sabíamos que nos iba a llegar la razón desde Europa”, ha indicado, al tiempo que ha tildado de “nefasta” la política de Mariano Rajoy en materia de agua para Castilla-La Mancha.
La consejera ha reiterado que una vez pasados los comicios, el Gobierno regional volverá a ofrecerse a participar en una mesa de negociación estatal abanderada por el Ministerio de Agricultura donde impere el mayor consenso posible a la hora de definir los planes hidrológicos, aunque con la premisa de la máxima “sensibilidad hacia el Tajo”. La falta de consenso con gobiernos autonómicos y organizaciones sociales para definir los planes aprobados en enero es otro aspecto en el que los europarlamentarios son muy críticos en su informe con el Ejecutivo español.