El Ejecutivo de Castilla-La Mancha solicitará formalmente “en cuanto tome posesión” el próximo Gobierno de España que retire formalmente el Plan Hidrológico del Tajo aprobado en enero y que lo redacte de nuevo de manera consensuada recogiendo las medidas que han aprobado este miércoles los europarlamentarios en Bruselas, en el seno del Comité de Peticiones, tras la visita de la delegación al río el pasado mes de febrero.
La consejera de Fomento del ejecutivo castellano-manchego, Elena de la Cruz, ha calificado el documento de “un triunfo de la perseverancia” que “nos da fuerzas para continuar luchando por el río”. De la Cruz ha afirmado que el informe “es un duro castigo” y “desautoriza totalmente” la planificación hidrológica llevada a cabo por el Gobierno de España.
La consejera ha reiterado la oferta desde la región al futuro ejecutivo nacional de participar en un “gran pacto del agua” siempre que “muestre sensibilidad y respeto a todas las regiones, que nos permita tener voz” y que “rehaga” la planificación del río bajo los parámetros de observancia del documento aprobado en Bruselas y de la Directiva Marco del Agua.
En relación a los caudales ecológicos considera que son “el asunto principal” del texto aprobado en Bruselas porque vulnera la normativa europea en vigor. Este aspecto exige, a su juicio, que se someta al Plan actualmente en vigor desde enero a una “profunda revisión”.
Preguntada por el carácter no vinculante del informe, De la Cruz ha dicho que en cualquier caso “vamos a exigir que se cumpla” y ha recordado que el Ministerio de Agricultura impidió al Gobierno regional actual manifestar su posición formalmente sobre el Plan del Tajo y votarlo separadamente durante el Consejo Nacional del Agua.
Sobre el contenido final del documento, Elena de la Cruz ha confesado que “nos hubiera gustado” que no se hubiera suprimido la referencia a la prevalencia del uso medioambiental del río, aunque “el contenido global es satisfactorio”, debido a que no han prosperado las enmiendas del PP que “pretendían destruir y aniquilar el informe”.
De la Cruz ha tenido también palabras de agradecimiento a la Plataforma en defensa del Tajo y el Alberche, compuesta por 38 ayuntamientos, partidos políticos, organizaciones, asociaciones, sindicatos u organizaciones empresariales, por el trabajo realizado propiciando la visita de los parlamentarios europeos.
Fenacore recuerda que el informe no es vinculante
El presidente de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes (FENACORE), Andrés del Campo, ha lamentado que Europa haya cedido a la presión de las autonomías, alimentando la contaminación política del agua, que antepone los intereses localistas y electorales al interés general.
Del Campo -que ha salido al paso de la aprobación del informe europeo que sugiere revisar los planes de cuenca del Ebro y el Tajo, tras las quejas de ecologistas y algunos gobiernos autonómicos- recordó no obstante que el texto no es vinculante y, por tanto, carece de mandato legal, de manera que su contenido son meras propuestas.
En este sentido, ha destacado que el Parlamento Europeo carece de conocimiento técnico suficiente para pedir una revisión de la gestión del agua en España, hasta el punto de que el informe contradice la propia Directiva Marco de Aguas al pedir, por ejemplo, aumentar los caudales mínimos para diluir los contaminantes de las aguas, cuando lo que hay que hacer es descontaminar debidamente el agua que se vierte al río procedente de las depuradoras.
Por otro lado, ha insistido en que pedir un diálogo constructivo entre las autoridades españolas, las regionales, las ONG´s y la sociedad civil para llevar adelante la planificación hidrológica carece de sentido, puesto que en el proceso de aprobación de este segundo ciclo no sólo hubo un extenso y amplio proceso de participación pública, sino que todos los planes obtuvieron un apoyo superior al 80% en el Consejo Nacional del Agua, donde están representados todos los actores implicados en la gestión del agua (usuarios, autonomías, ecologistas…).
Según el presidente de Fenacore, Andrés del Campo, “seguimos manteniendo que la planificación hidrológica española ha seguido un proceso estratégico de evaluación ambiental, donde los usuarios hemos cedido ante unos caudales mínimos demasiado ambiciosos, que incluso comprometen nuestra garantía de agua para regar, pero que se han calculado de acuerdo a criterios técnicos y científicos. Por lo tanto, consideramos que estos planes son el marco estable para garantizar el reparto de agua».
