ASAJA Ávila exige un cambio inmediato en la gestión del lobo ante la creciente presión que soportan numerosas explotaciones ganaderas de la provincia y califica de «cínica e incomprensible» la posición del Gobierno de España, que a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) continúa defendiendo un estado de conservación desfavorable mientras se suceden ataques graves y reiterados sobre el ganado.
Conferencia Sectorial de Medio Ambiente
La organización recuerda que la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente aprobó el pasado 22 de junio, por una amplia mayoría de comunidades autónomas, el informe que considera favorable el estado de conservación del lobo en las regiones Atlántica y Mediterránea. Castilla y León respaldó este criterio, mientras que el MITECO votó en contra.
ASAJA señala además que el propio censo coordinado por el Ministerio contabiliza 333 manadas en España, un 12% más que en el anterior censo, y reconoce una expansión moderada de la población y de su área de distribución. El MITECO fundamenta, sin embargo, su posición desfavorable en que no se alcanzan las 500 manadas que considera referencia para asegurar la viabilidad genética a largo plazo.
«ASAJA exige que cualquier criterio técnico tenga en cuenta también la realidad territorial y los daños que soportan las explotaciones ganaderas. No es razonable que el Ministerio se aferre a una interpretación restrictiva sin dar el peso suficiente a la evolución reconocida por su propio censo, al criterio ampliamente mayoritario de las comunidades autónomas y a una realidad de ataques graves y reiterados que los ganaderos sufren cada día sobre el terreno», denuncia la organización.
Cinco ataques en doce días
Javier García, ganadero de San Bartolomé de Pinares, ha sufrido cinco ataques en apenas doce días, con cinco animales muertos, uno desaparecido y otro herido. Asegura que ha perdido cerca de una treintena de animales en el último año y estima las pérdidas acumuladas en torno a 30.000 euros.
Los ataques ya no afectan únicamente a terneros recién nacidos, sino también a animales de mayor tamaño y añojos, lo que, según el ganadero, apunta a actuaciones de manadas. En uno de los últimos casos llegó incluso a encontrar a un lobo alimentándose de una res a última hora de la mañana, a plena luz del día.
«Cinco ataques en doce días no son convivencia. Son la evidencia de un problema de gestión que obliga a actuar», sostiene ASAJA Ávila.
Daños que ni siquiera llegan a reconocerse
A los ataques se suma la dificultad para acreditar muchas de las pérdidas. La desaparición de los animales o la actuación de buitres y otros carroñeros puede alterar los restos antes de la inspección e impedir posteriormente la certificación de los daños.
Es el caso de Rubén Ayuso, ganadero de la zona de Bernuy Salinero, que ha perdido desde el verano cuatro terneros, aunque únicamente ha podido acreditar dos.
ASAJA Ávila exige protocolos más realistas que permitan valorar el conjunto de indicios disponibles, incluyendo animales desaparecidos, lesiones compatibles, ataques previos acreditados o restos alterados por carroñeros, y que no hagan recaer sobre el ganadero una prueba que en muchas ocasiones resulta imposible de aportar.
«No puede exigirse al ganadero una prueba imposible y utilizar después la ausencia de esa prueba para concluir que el daño no existe», insiste la organización.
ASAJA recuerda además que Europa ya ha rebajado el estatus del lobo de especie «estrictamente protegida» a «protegida», precisamente para proporcionar mayor flexibilidad a los Estados en la gestión de sus poblaciones, manteniendo al mismo tiempo la obligación de garantizar su conservación.
Por ello, ASAJA Ávila reclama que el cambio europeo y el pronunciamiento mayoritario de la Conferencia Sectorial tengan consecuencias reales sobre el terreno: gestión y control efectivo allí donde existan ataques graves y reiterados, reconocimiento realista de todos los daños e indemnizaciones rápidas e íntegras para los ganaderos afectados.
«ASAJA no cuestiona que el lobo deba conservarse. Lo que no aceptamos es que esa conservación se haga a costa del ganado, de la renta y del futuro de las explotaciones. Los ganaderos no pueden seguir pagando de su bolsillo una política de conservación diseñada por el Gobierno de España cuyos costes terminan soportando ellos. Donde los ataques son reiterados y la presión sobre la ganadería resulte insoportable, hay que gestionar, controlar y reducir esa presión».
