Protestas por el nuevo ataque en Francia al vino español

Unión de Uniones pide al Ministerio de Agricultura que solicite la petición de sanciones y medidas

Foto de archivo

Ante el nuevo ataque a vino español cerca de Montpellier (Francia), con el vertido de 50.000 litros, Unión de Uniones considera que las “enérgicas protestas” no son suficientes y pide al Gobierno español que reclame la inclusión en la agenda del próximo encuentro del Consejo de Agricultura, que se celebrará en Bratislava (Eslovaquia) los días 13 y 14 de septiembre, la discusión de sanciones y medidas contundentes para erradicar estas conductas.

Este último acto de hace unos días ha sido reivindicado por el CRAV (Comité Regional de Acción Vitícola, con un largo historial de atentados y prácticas violentas contra vinos no franceses, que ha amenazado con nuevas acciones, lo que debería mover al Gobierno galo a adoptar medidas, según indica en un comunicado Unión de Uniones.

Según los últimos datos del “Dashboards Wine” de la Unión Europea de finales de junio, correspondientes al mes de mayo, los precios del vino tinto básico en Francia rondan los 5,72 €/hectogrado, que es un precio, además, superior en un 2% a la media de los dos últimos años y, por añadidura un 89 % superiores a los 3,03 €/Hgdo., de los tintos básicos españoles.

“A quien debería indignar esta diferencia de precios, no es a los franceses, sino a los productores españoles” han expresado desde la organización”. Tras décadas de integración comercial de la Unión Europea y, sobre todo, en materia de agroalimentación, es inexplicable que en el vino más básico se den diferencias estructurales de precio tan abismales sin que puedan basarse en la calidad y cuando ambos mercados están separados sólo unos cientos de kilómetros, apuntan.

Unión de Uniones cree que las “enérgicas protestas”, los “firmes rechazos”, las “notas oficiales de queja” y las “convocatorias al embajador francés” han demostrado ya sobradamente su inutilidad. La organización presentó hace semanas a los eurodiputados españoles entre sus propuestas de cara a la elaboración Agenda de la Comisión de 2017, la de que se incluyera en la misma el debate sobre reglamentación específica de sanciones a este tipo de acciones vandálicas y de medidas contra el país que con su pasividad las permitan o alienten.

La organización considera que resarcir de los daños materiales no es suficiente, puesto que el perjuicio que se ocasiona es muy superior, ya que estas prácticas extorsionan a los operadores, alterando los flujos comerciales y repercutiendo negativamente sobre toda la cadena alimentaria, en especial, sobre el eslabón más débil, que son los productores.

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