Unión de Uniones ha remitido un escrdito al Consejero de Agricultura, Francisco Martínez Arroyo, para conocer el alcance del inicio de un procedimiento de corrección financiera a Castilla-La Mancha que, según ha podido conocer la organización agraria, ha comunicado la Comisión Europea al Estado Español, por deficiencias apreciadas en controles fundamentales que afectan a ciertas ayudas directas de la PAC y algunas correspondientes al desarrollo rural. La organización estima que la corrección podría alcanzar unos 65 millones de euros, teniendo en cuenta las líneas de ayudas comprometidas.
Según explica la Unión de Uniones, en la comunicación al Estado miembro, la Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural de la Comisión Europea considera que la aplicación del sistema de ayudas por superficie; las ayudas por las dificultades naturales en zonas de montaña y desfavorecidas, pagos agroambientales y agricultura ecológica, no se ajustó a los requisitos de la normativa de la UE. Las razones obedecen a que los controles preceptivos se habrían realizado en épocas tardías o no en el momento adecuado, que no habría una adecuada selección de los mismos en función del riesgo, o que no serían de una calidad suficiente. Por estos motivos, la Comisión propone una corrección a tanto alzado del 5 % para los fondos del FEAGA y del FEADER, sobre las medidas afectadas.
Esta corrección, adoptada de momento de forma provisional, apunta la organización agraria, se aplicaría con carácter retroactivo 24 meses a partir de la fecha de recepción de la comunicación y se mantendría hasta que las autoridades comunitarias no tengan constancia de que se han adoptado las medidas necesarias para enmendar las deficiencias detectadas.
El Estado miembro podrá ahora argumentar que las conclusiones de la Comisión son infundadas o que la corrección propuesta es excesiva.
Unión de Uniones se muestra sorprendida por la aplicación de una corrección financiera basándose en que los controles no se han realizado de manera adecuada, toda vez, el Consejero de Agricultura se ha manifestado en las Cortes de Castilla-La Mancha sobre la necesidad de ser “muy riguroso” con los controles administrativos en debates suscitados en torno al pago de las ayudas PAC.
En su escrito al consejero, la organización solicita aclaraciones acerca de si la corrección propuesta podría ser reconducida y sobre si su aplicación podría tener consecuencias para los agricultores y ganaderos o para la disponibilidad a futuro de recursos financieros en el pago de las ayudas o para la aplicación del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
Unión de Uniones espera, en todo caso, en que la Administración regional pueda aportar las pruebas necesarias para que el impacto de dicha corrección sea mínimo y no represente mayores cargas de burocracia ni perjuicios económicos para los agricultores y ganaderos.
Merino dice que es «un castigo» fruto de la mala gestión de los fondos
La diputada regional del PP, Lola Merino, se ha referido también a ese procedimiento de corrección asegurando que es un «castigo» por la «mala gestión» de los fondos europeos FEAGA y FEADER.
Merino ha señalado que la información emitida por la Comisión Europea habla de una auditoría realizada el pasado mes de enero en la que «analizan dónde se destinan los fondos europeos» y en el que dicen «que no se está haciendo un buen uso de los mismos en la región». Según la diputada regional del PP, «castigan al Gobierno porque no gestiona como debe los fondos y porque no hace bien los controles del campo».
