La Asociación Profesional de Agentes Medioambientales de Castilla-La Mancha (APAM CLM) ha lamentado que la situación de seguridad en la que trabajan “es precaria, a punto de cumplirse un año del asesinato de los agents rurales Xavier Ribes y David Iglesias en Lleida a manos de un cazador furtivo”.
APAM recalca que su seguridad “sigue siendo una asignatura pendiente pese a que continúan produciéndose sentencias condenatorias firmes por delitos de atentado contra agentes medioambientales, como la de hace un par de semanas que fue ratificada por la Audiencia Provincial de Cuenca”.
Una sentencia que recoge el suceso que tuvo lugar en Las Pedroñeras, “cuando un vecino del municipio agredió y amenazó de muerte a un agente medioambiental cuando este estaba, una vez más, solo. Prestaba servicio en la finca La Hita, entre los términos municipales de Las Pedroñeras y Las Mesas”. Fue la tarde del 25 de noviembre de 2013 cuando el agente iba a realizar una comprobación sobre unos cambios de cultivo y localizó a dos cazadores que estaban practicando la caza de forma irregular. Cuando fue a tomar nota de la matrícula del vehículo de los infractores, uno de ellos arrebató de forma muy violenta la cámara de fotos al agente, la tiró al suelo y comenzó a insultarle y a empujarle, amenazándole incluso de muerte. Luego escapó a toda velocidad”. Horas más tarde se procedió a la identificación del autor de la agresión.
APAM CLM dice que es “sumamente grave que el agente solicitase por los cauces reglamentarios al secretario provincial de la Delegación de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural asistencia jurídica para el procedimiento que se iba a iniciar en vía judicial mediante el nombramiento de letrado y procurador, y nunca recibió contestación alguna”.
También “fueron comunicados los hechos al coordinador provincial que ocupaba el puesto en ese momento y nunca recibió el agente ninguna instrucción sobre cómo actuar. La Consejería no se personó en la causa como acusación particular y en ningún momento mostró un mínimo interés”.
Por lo que consideran “deleznable que un agente medioambiental agredido no reciba el apoyo necesario por parte de su propia administración, dejándole totalmente desamparado y ahondando aún más en su trance moral y personal”. Y culpan al consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo, “de mirar hacia otro lado y obviar la cruda realidad a la que se enfrenta este colectivo de funcionarios”.
